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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Somos defensores de la vida, no somos criminales, sólo defendemos nuestros territorios y la vida de las comunidades”, manifestó Juan José Cortez, de la Mesa por Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (METSUSO), al exigir la protección de los bienes naturales por parte del Estado salvadoreño.
Cortez agregó que:“Nos preocupa la amenaza latente de construcción de una octava represa hidroeléctrica sobre el abuelo Sensunapan, sobre todo, el envío al archivo de las medidas cautelares de protección que fueron establecidas por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador”.
En el marco del Día Internacional de la Tierra, los colectivos comunitarios que integran la Mesa por Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (METSUSO) y organizaciones ambientalistas como la UNES y el Grupo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, abordaron el tema “Acuerdo de Escazú: Retos para la Justicia Ambiental en El Salvador”.
Son 19 años de lucha social de las comunidades indígenas en los cantones Sisimetepet y Pushtan en Nahuizalco, Sonsonate, por el abastecimiento del recurso hídrico del Sensunapan, y la preservación de sus sitios sagrados en las riberas del cuerpo de agua.
“Las comunidades organizadas de Sisimitepet y Pushtan, queremos proteger al abuelo río y por esto vamos a seguir denunciando la voracidad de las empresas y la flexibilidad de las autoridades de diferentes niveles que privilegian el lucro antes que la vida de la región hidrográfica”, acotó Cortez.
METSUSO denunció también la afectación de la cuenca del río Ceniza, al que se une la destrucción del sitio ceremonial de Tacushcalco, y que no se ha respetado la declaratoria de “patrimonio cultural” que daba un margen de protección, pero ha terminado bajo la construcción de un complejo habitacional sin que las autoridades de cultura hayan intervenido.
“A esto se suma ahora el gobierno, que habla de la construcción de otro megaproyecto, el Tren del Pacífico, que va a afectar de manera irreversible al ecosistema, y la población que ya ha sido notificada para desalojar los terrenos afectados, y sin alternativa”, manifestó.
“Y el megaproyecto que se pretende construir entre Acajutla y Sitio del Niño, va a dejar graves afectaciones a los ecosistemas y a la vida de la gente. Y no es que nos opongamos al desarrollo, pero creemos que esto debe ser siempre y cuando se respete la vida y la dignidad de la población, la biodiversidad y el patrimonio indígena”, reiteró, Cortez.
La METSUSO planteó que si bien el “discurso oficial habla de pagos de la deuda histórica” –aclaran- que este dista de la realidad que viven a diario, como el abastecimiento del agua, en donde las Juntas Comunitarias de Agua se encuentran en incertidumbre por los requisitos que exige la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), para estar en el registro oficial.
“Estamos lejos de recibir mecanismos de apoyo para que las Juntas Comunitarias de Agua mejoren sus sistemas o prestemos un mejor servicio a la población que atendemos. Lo que hemos recibido de la ASA es el acoso y amedrentamiento a organizaciones que por décadas han asumido la responsabilidad del Estado de abastecer el acceso al agua potable es una cobertura de un millón de personas”, refirió Cortez.
Sonia Gutiérrez, lidereza comunitaria, señaló que si bien reconocen la necesidad de normalizar y regular la actividad de las Juntas de Agua, les preocupa la extensión de ciertos permisos ambientales que atentan con los bienes naturales.
“Rechazamos que el Estado descargue su responsabilidad en estas organizaciones comunitarias que existen gracias a los esfuerzos de gestión de territorio y al apoyo de organizaciones sin fines de lucro, dentro y fuera de las fronteras del país”, afirmó.
“Nosotros queremos que el Estado asuma su rol constitucional de proteger los derechos de las personas y dejar de priorizar intereses de pequeños grupos de poder económico que sólo se lucran de los bienes naturales”, reiteró Gutiérrez.
Asimismo, consideró que el Estado salvadoreño cumpla su rol constitucional de dar protección cumpliendo lo establecido en Tratados internacionales, del cual es firmante y generar condiciones de vida digna de la población.
“Desde los izalcos elevamos las demandas para que a la población se le permita participar de la gobernanza del territorio, y que se reconozca el papel de las personas que defienden derechos, se les dignifique y proteja. Y que el Estado deje también de seguir el modelo económico extractivista y ponga al centro de su gestión la actividad de la vida digna”, puntualizó, Gutiérrez.
