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Por Yemeli Ortega
México/AFP
El gobierno de México obstruye la obtención de información sobre violaciones graves a derechos humanos en el país y censuró la publicación de documentos, fotos y videos no oficiales que ya había acordado difundir en un archivo digital inaugurado este martes, denunciaron los autores del proyecto.
El sitio www.memoriayverdad.mx, elaborado por la privada Universidad Iberoamericana, tres ONG mexicanas, Artículo 19 y el gubernamental Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) buscan divulgar información pública sobre violaciones graves a los derechos humanos con el objetivo de generar memoria y garantizar la «no repetición» de los hechos.
Tras más de un año de trabajo, el archivo arrancó con la documentación de 14 sangrientos episodios de la historia mexicana, entre ellos la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur), la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas (noreste) en 2010 y la llamada guerra sucia de los años sesenta.
Sin embargo, los académicos y activistas que participaron del proyecto criticaron fuertemente que el INAI excluyera del archivo el caso del incendio ocurrido en 2009 de una guardería de Sonora (noroeste), que causó la muerte a 49 niños.
También deploraron que el INAI no presionara a las instituciones que no accedieron a desclasificar información relevante sobre los casos y que censurara, a última hora, cientos de documentos no oficiales que se habían recabado.
El INAI logró desclasificar cierta información sobre algunos de los casos, particularmente el de Ayotzinapa, y la comisionada presidente de la institución, Ximena Puente, defendió la censura de información no oficial al argumentar la «facultad muy importante, muy delicada» sobre la «protección de datos personales».
«Sistema político de ocultamiento»
Pero Denise González, directora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, tiene otra lectura: «el sistema de acceso a la información pública en México no ha servido para garantizar el derecho a la verdad».
De su lado, Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, estima que el INAI «tiene miedo y forma parte del sistema político de ocultamiento».
«Creo que le interesa más complacer a los funcionarios públicos que a la sociedad», subrayó.
El INAI dejó fuera el caso de la guardería ABC con el argumento de que fue «generado por accidentes y fenómenos naturales, y que catalogarlo como violaciones a derechos humanos es sumamente discutible», lamentó Ruelas.
Según la versión oficial, el fuego comenzó por el sobrecalentamiento de un aire acondicionado en un almacén del gobierno local contiguo a la guardería, pero algunos familiares aseguran que las llamas fueron provocadas por personas que buscaban destruir documentación del almacén relacionada con una deuda regional.
Por otro lado, www.memoriayverdad.mx documenta 1.300 solicitudes de información sobre estos 14 casos que los ciudadanos interpusieron ante el INAI.
Pero «el 50% (de las respuestas) no dice nada», lamentó Ruelas, al subrayar la relevancia de publicar la información no oficial que habían recabado de ONG, medios de comunicación y ciudadanos.
Sin embargo, el miércoles pasado el INAI dio marcha atrás con una declaración en la que se comprometía a publicar esta información no oficial, argumentando que el derecho a la privacidad de las personas implicadas en estos caos prona sobre el interés público de esta información.
«De las fotos, solo se quedaron 13 de las 266 que entregamos», dijo Ruelas, al explicar que también fueron bajados del portal «videos y gran parte de la información no oficial».
El gobierno ha recibido numerosas denuncias de ONG nacionales y extranjeras sobre caos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas.
