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MÉXICO/Xinhua
La celebración este 9 de julio del Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego reviste para México una especial convicción: la dinámica del mercado de armas de Estados Unidos, caracterizada por una disponibilidad indiscriminada, le afecta directamente en materia de salud y seguridad.
Tal convicción llevó al Gobierno mexicano a interponer en agosto de 2021 una demanda legal contra fabricantes y distribuidores de armas de su país vecino en una corte federal de Boston, Massachussets (noreste de EE. UU.), bajo la acusación de que estas ayudan a incurrir en prácticas negligentes e ilícitas que contribuyen al tráfico de armas en México.
Como parte demandante, el país latinoamericano aspira a recibir una compensación económica por los daños derivados del tráfico de armas, así como a una modificación de las prácticas comerciales de las empresas demandadas.
El argumento de México aduce que la disponibilidad indiscriminada de armas en EE. UU. y el fácil acceso a las mismas, así como la laxitud de las prácticas comerciales de las armeras, contribuyen no solo a la violencia armada y las masacres en ese país, sino también en territorio mexicano.
Como prueba de ello, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana Alejandro Celorio expuso en un artículo reciente que entre 1994 y 2004, cuando el Congreso estadounidense proscribió la fabricación y venta para el uso civil de las armas de asalto, los tiroteos masivos en ese país disminuyeron un 37 por ciento y los homicidios en México tuvieron una tendencia a la baja.
Sin embargo, desde que terminó la prohibición, los tiroteos han aumentado en EE. UU. un 347 por ciento y el tráfico de armas de asalto y los homicidios en México también se han incrementado, destacó Celorio, coordinador del litigio contra fabricantes y distribuidores estadounidenses.
El Gobierno mexicano celebró la aprobación, el 25 de junio pasado, de la ley bipartidista de comunidades más seguras en Estados Unidos, una normativa que amplía las revisiones de antecedentes para compradores de armas menores de 21 años en ese país y aumenta requerimientos para otorgar licencias a vendedores.
Para México, lo más importante de la nueva ley es que define el tráfico de armas y la venta a prestanombres como delitos, lo que propicia un mejor marco legal para perseguir el tráfico de armas desde EE. UU. hacia su territorio y debería favorecer la colaboración entre ambos países para el enfrentamiento al fenómeno.
No obstante, México demanda que su vecino haga más en el control de armas, combata al tráfico y regule a las empresas armeras porque está afrontando costos directamente en su territorio en materia de violencia armada.
En lo que va de año, 10.390 personas han sido víctimas mortales de la violencia con armas de fuego en EE. UU., muchas de ellas en los 323 tiroteos masivos registrados, según la organización sin fines de lucro Archivo de la Violencia Armada (GVA, por sus siglas en inglés). México calcula que entre medio millón y 800.000 armas fluyen ilegalmente cada año desde Estados Unidos hacia las manos de los criminales al sur de la frontera entre ambos países. De esa cantidad, cerca de 340.000 son vendidas por las empresas demandadas, mientras que el 70 por ciento recuperadas y rastreadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos.
Solo en 2020, las autoridades mexicanas registraron alrededor de 5,4 millones de delitos con presencia de armas.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha definido el litigio contra fabricantes de armas estadounidenses como un “imperativo moral” para reducir la violencia y los delitos derivados del tráfico de armas.
Según estimó en un artículo publicado en el diario estadounidense Los Angeles Times, el litigio podría contribuir a tener una solución a largo plazo para frenar el tráfico de armas al “promover y hacer cumplir la responsabilidad corporativa de los principales fabricantes”.
