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Washington/AFP
La CIDH expresó este viernes sus dudas sobre la eficacia de las políticas de seguridad en México, tras el presunto involucramiento de fuerzas del orden en casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Sánchez Icaza denunció que la práctica institucional en México «va en contrasentido de lo que está diciendo la reforma constitucional y las políticas públicas».
México sigue sin conocer el paradero de 43 estudiantes desde que fueron atacados a tiros por policías y narcotraficantes en la ciudad de Iguala (sur) a fines de septiembre.
A este crimen, que escandalizó al país y al mundo, se le suma la acusación contra tres militares de haber ejecutado al menos a ocho presuntos secuestradores luego que había concluido un enfrentamiento en Tlatlaya (centro).
Según Sánchez Icaza, ambos casos abren «un corchete de veracidad sobre la política pública y la eficacia de la política pública».
«Tienen que revisarse cuáles son los mecanismos que no están funcionando», añadió, al presentar el calendario del 153º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrán lugar en Washington del 27 al 31 de octubre.
Cinco sesiones tienen a México de protagonista y se espera que los casos de Iguala y Tlatlaya -sobre los cuales la CIDH otorgó medidas cautelares, surjan en los debates entre organizaciones civiles y representantes del Estado de cara a los comisionados.
La Comisionada para la Niñez, Rosa María Ortiz y Sánchez Icaza evaluaron los avances de la búsqueda de los estudiantes durante una reunión el lunes en México con el Procurador General, el Secretario de la Gobernación y familiares de las víctimas, dijo el secretario.
Según el responsable, la Comisión, un órgano autónomo de la OEA, valoró la «importancia» que le da el gobierno mexicano al caso, pero insistió en que la «prioridad» es hallar a los estudiantes.
Visita a Honduras
Sánchez Icaza anunció que los siete comisionados de la CIDH viajarán a Honduras la primera semana de diciembre para evaluar la situación de derechos humanos en el país, al que colocó en su ‘lista negra’ este año.
La visita representa el inicio de una evaluación directa de la situación en Honduras, y el país podría salir del listado – que incluye a los países con graves violaciones de derechos humanos- cuando la Comisión publique su informe en abril próximo.
Durante una semana, las 55 audiencias de la CIDH pondrán el foco sobre la situación de derechos humanos en América, tanto en temáticas regionales como específicas de 19 países.
La migración, una situación iluminada con la reciente oleada de miles de familias y niños centroamericanos que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, recoge una amplia preocupación en la región.
Una audiencia sobre la detención de migrantes en la región fue solicitada por 160 organizaciones sociales.
Pero el estado de defensores de derechos humanos y comunidades indígenas tendrán el mayor número de sesiones con 10, seguido de temáticas recurrentes en estas reuniones como la libertad de prensa y el sistema judicial en la región.
Las audiencias congregan también nuevos intereses de la CIDH como los derechos humanos e internet, y la responsabilidad de los Estados con el proceder de su sector privado fuera de su territorio, en particular las empresas mineras canadienses en América Latina.
En 2014, la CIDH habrá otorgado 135 audiencias, por encima de las 114 de 2013 y 84 en 2012.
Cerrar Guantánamo
Sánchez Icaza reiteró el llamado a Estados Unidos a cerrar el centro de detención de Guantánamo, ubicada en Cuba.
La CIDH acompaña la iniciativa del presidente estadounidense Barack Obama de enviar presos de Guantánamo a otros países, entre ellos Uruguay, pero «ese centro se tiene que cerrar» (…) La responsabilidad es de Estados Unidos», afirmó.
