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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
“El agua no se vende, el agua se defiende” y “El agua es un derecho no una mercancía” eran algunas de las consignas que gritaban a todo pulmón cientos de personas pertenecientes a la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) quienes se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía para mostrar su rechazo hacia las reformas a la Ley de Asocios Público Privados (APP) que presentó Tharsis López, titular de esa cartera de Estado a la Asamblea Legislativa.
La reforma contempla que instituciones como los Ministerios de Educación, Salud, ANDA y Centros Penales, entre otras, puedan establecer asocios de inversión en infraestructura con el sector privado del país. Para los manifestantes esto hace posible a corto plazo, la privatización de los servicios antes mencionados.
“Esta mañana hemos venido al Ministerio de Economía a presentar una carta en la que expresamos nuestro más profundo rechazo a las reformas a la Ley de Asocios Público Privados que el ministro presentó en febrero de este año y que está sirviendo de base para que los partidos de derecha inicien la implementación de este marco legal, que es un elemento adicional en el proceso de privatización que hemos estado denunciando y que se inicia con la Ley Integral de Agua que presentaron en días pasados”, dijo Carlos Flores, del Foro del Agua.
Según ASGOJU este paquete de reformas es el resultado de presiones de la embajada de Estados Unidos, FOMILENIO II y Oligarcas salvadoreños que buscan convertir los derechos humanos la educación, salud y agua potable en mercancías, bajo el chantaje de que si no se aprueba se perderán los fondos del milenio. Lo anterior según la organización civil es un lenguaje tramposo que busca engañar y ocultar el hecho de que la iniciativa contiene mecanismos que facilitan la privatización de los servicios.
“Dicen que no se incluyen los servicios de educación, salud y agua potable, pero en realidad, lo que no se incluye es la prestación directa de los servicios a la población, pero proyectos mayores a $13 millones se harán bajo la modalidad de APP, por lo que aspectos como el diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento de la infraestructura donde se prestan estos estarán a cargo de privados, esto quiere decir que a quienes irán las ganancias será a ellos y no al Estado”, indicó Margarita Posada de ASGOJU.
Para las organizaciones aglutinadas en ASGOJU el país ya ha tenido malas experiencias con los APP, como por ejemplo, los servicios prestados por la empresa MIDES, institución que ejerce en la actualidad un monopolio del servicio público de disposición final de desechos sólidos que ha puesto en graves riesgos la salud pública del país.
Por lo anterior, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia exige al ministro de Economía que retire de forma inmediata la propuesta de reforma de ley porque supone una amenaza de privatización de los servicios públicos.
