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TeleSUR
Cientos de miles de migrantes de El Salvador y Honduras, residentes en Estados Unidos (EE.UU.), temen ser deportados a sus países de origen si Washington no revalida el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que les adjudicó a ellos y sus familias en 2001.
Este beneficio se canceló durante 2018, durante la Administración de Donald Trump (2017-2021). En noviembre pasado, la Administración Biden dio a conocer que extendió la aplicación el TPS hasta el 30 de junio de 2024.
Según datos oficiales, en la actualidad dicho permiso ampara a cerca de 350.000 migrantes. Entre ellos hay unos 198.000 salvadoreños y alrededor de 60.000 hondureños, de acuerdo con registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), actualizados hasta el momento en que se canceló dicho estatus.
Los migrantes consideran que, de no reasignarse el permiso más allá de la fecha mencionada, tendrían que volver a sus naciones y enfrentar problemas como la pobreza, la violencia y la inseguridad.
Estiman que las economías de El Salvador y Honduras no están en condiciones de asumir el impacto de su retorno, con lo cual se profundizaría la crisis y se afectaría la estabilidad sociopolítica.
Según estudios realizados por el economista William Pleites y la socióloga Cecilia Menjívar, en los últimos 25 años la economía salvadoreña solo ha generado un promedio de 13.000 empleos cada año, el déficit de plazas laborales supera las 40.000 capacidades y la economía formal ha ido decreciendo en comparación con el crecimiento poblacional.
A un año de haber iniciado la pandemia de Covid-19, Honduras tenía el 73,6 por ciento de su población en pobreza y 53,7 por ciento en pobreza extrema, según Menjívar.
Por otro lado, ambas economías dejarían de recibir remesas en el orden de los 1.200 millones de dólares cada año, con su consiguiente impacto en el repunte del desempleo y la pobreza.
El martes pasado, centenares de migrantes marcharon en Washington para exigir a la Casa Blanca la reasignación del TPS. En esa fecha, además, representantes de esos migrantes se reunieron con senadores y representantes para procurar mayor apoyo a su lucha.
La cancelación del TPS afecta a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal, que a partir de ese momento iniciaron pleitos en cortes federales para demostrar que la decisión de la Administración Trump fue ilegal y afecta a miles de trabajadores que se consideran esenciales.
