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México/AFP
Unos 300 indocumentados que realizan su particular Via Crucis Migrante desde el sur de México hacia la capital para reclamar sus derechos, unhealthy desafiaron el miércoles a cientos de policías, logrando continuar su periplo sin ser detenidos, informaron activistas y autoridades.
«Faltaban cuatro kilómetros para llegar a Juchitán (un pueblo del estado de Oaxaca) cuando nos encontramos con el operativo de cientos de policías» antimotines, dijo a la AFP el sacerdote Alejandro Solalinde, director de un albergue humanitario en esa zona, donde los migrantes se resguardaban desde el jueves pasado ante la amenaza por parte de las autoridades de detenerles.
Según el párroco, decenas de activistas y defensores de derechos humanos escoltaron la peregrinación, rodeando a los migrantes con un «cordón de protección» que les permitió hacer presión contra los uniformados sin generar violencia.
«En mis 70 años de vida, es la primera vez que tengo una experiencia así», comentó.
Por su parte, el oficial Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado en el que dijo que «para evitar cualquier confrontación», decidió dar «paso libre» a los migrantes.
Previamente, la institución había dicho que respetaría «la libertad de tránsito» de los extranjeros en México «siempre y cuando tengan el permiso de estancia legal».
Solalinde adelantó que el viernes continuarán su recorrido a la capital a bordo de autobuses.
El sacerdote reconoció que los indocumentados, todos centroamericanos menos dos cubanos, tienen miedo de que el INM cumpla sus amenazas de detenerlos, pero aseguró que «su increíble valor y fe» los impulsa a seguir su Via Crucis Migrante 2015 hacia Ciudad de México.
«Tenemos una misión: queremos que quiten el Plan Frontera Sur, que está haciendo tantos estragos porque han aumentado las detenciones, las repatriaciones de migrantes y también las víctimas de violencia», denunció Solalinde, un reconocido defensor de los migrantes, que también solicitó reunirse con el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la capital.
El gobierno mexicano lanzó en julio pasado el Plan Frontera Sur para minar el tránsito de migrantes por su territorio, una estrategia que incluye operativos para detener a extranjeros indocumentados en el tren de carga al que se suben para viajar, conocido como «La Bestia», así como en autobuses u hoteles y posadas donde se alojan.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) pidió el martes a las autoridades «medidas cautelares para proteger y preservar los derechos humanos» de los participantes de la caravana.
Se calcula que unos 200.000 extranjeros indocumentados, la mayoría centroamericanos, ingresan cada a año a México huyendo de la violencia en sus países y tratando de buscar una mejor vida en Estados Unidos, en un camino plagado de amenazas de organizaciones criminales que los secuestran, extorsionan y asesinan.
