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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” denunció la situación altamente vulnerable de personas migrantes, ante lo que señaló por “falta de implementación de políticas de atención integrales”.
Asimismo, González agregó que la “politización de la crisis sanitaria y económica, provocada por la pandemia de COVID-19”, luego de un encierro de seis meses, generó que la población que perdió sus trabajos o medios de subsistencia (autoempleo) aumentara la migración de miles de salvadoreñas y salvadoreños en busca de bienestar que no pudo obtener en el país.
“Diversos centros de investigación, como organismos de derechos humanos, temen que ahora que se han abierto las fronteras inicien los intentos masivos de migrar hacia los Estados Unidos, por parte de personas que perdieron parientes que sostenían el grupo familiar, el desempleo y la quiebra por falta de ingresos de algunas micro empresas, ante la falta de apoyo gubernamental”, explicó.
En ese marco de las declaraciones de Tutela Legal MJL, se cumplen 24 horas de la primera caravana de hondureños que partieron de San Pedro Sula hacia los Estados Unidos, en el marco de la pandemia del coronavirus, que estiman se trata de un grupo de 400 personas, entre ellas menores de edad, que enfrentan su primera retención en las fronteras de Guatemala.
“Los expertos han señalado que el aumento migratorio puede irse incrementando debido a la crisis económica derivada en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde miles de personas están cayendo en la pobreza extrema. En el país, los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Sistema de Administración de Pensiones (SAP) registran más de 80,000 empleos perdidos solo en el primer semestre de 2020 y la ayuda a micros, pequeños y medianos empresarios nunca se hizo realidad”, afirmó.
Sobre la apertura económica, Walter Torres, psicólogo de Tutela Legal MJH, señaló la falta de conocimiento o distinguir la realidad del impacto económico que tendrá entre la población, por falta de políticas públicas y estrategias de apoyo a trabajadores, empresarios y la población que en un 70 % es trabajador informal.
“Cabe recordar que, durante la pandemia, las deportaciones masivas desde Estados Unidos no se detuvieron. El Centro de Atención a Retornados Salvadoreños (CARES retornados) en uno de sus informes señaló que el estigma a las personas deportadas comienza a reflejarse hasta en las esferas financiera; en el estudio de inclusión financiera de la población deportada en El Salvador se preguntó a los retornados: ¿Qué les ha impedido tener una relación bancaria? y el 32 % respondió que tienen negado el acceso a créditos por el hecho de ser retornados. Y sumado a esto, el doctor Jizi Moza, de la Clínica de Deportados (CLIAR), señaló un incremento en patologías como diabetes, hipertensión, colitis, obesidad, trastornos ortopédicos y depresivos”, manifestó.
Asimismo, señaló que, el pasado 14 de septiembre, la Dirección General de Migración dio por finalizado el “Plan de Repatriación de Salvadoreños” con las personas que quedaron en el exterior y se conocieron como los “varados”, durante el cierre de fronteras por la emergencia sanitaria, que según datos oficiales se atendió un total de 66 “vuelos humanitarios” y un control migratorio de 7,199 de la población salvadoreña, que regresaron de 48 países.
“Migración y Cancillería de la República presentaron como logros propios los vuelos de retorno, pero fueron múltiples los mensajes en redes sociales y medios de comunicación de los -varados- que denunciaron que ellos mismos tuvieron que pagar altos costos por vuelos de regreso al país. Que no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno y que vulneraron reiteradamente su derecho a retornar a su país, que se permitió al final, por la sanción de la Sala de lo Constitucional, que obligó al Gobierno a abrir el aeropuerto para su regreso”, declaró Torres.
Como Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, también expresaron su preocupación e instaron al Gobierno del presidente Nayib Bukele a cambiar la postura de acatar las políticas anti migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, en temas del problema migratorio, deportaciones y desplazamiento forzado de personas.
Asimismo, lamentaron la falta de pronunciamientos ante las “gravísimas violaciones a los derechos humanos en los centros de contención de migrantes”, que les impide regular su estatus migratorio, por apoyar una política de “países seguros” para evitar la migración.
“La eliminación del Programa de Protección Temporal (TPS), a más de 200,000 salvadoreños, en donde prácticamente la nueva embajadora de El Salvador ante Washington, Milena Mayorga, en su primer mensaje -a los salvadoreños bajo este programa- les insinuó que serán deportados y que es mejor que se preparen para regresar al país. El mismo país que los expulsó por sus condiciones de exclusión social, laboral y económica”, puntualizó Ovidio Mauricio González.
