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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La experta en derechos humanos y migración, Celia Medrano, afirmó, que la ausencia del tema de la situación de migrantes salvadoreños, que residen de forma irregular en Estados Unidos, en la reciente reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente Nayib Bukele, muestra “que este tema no es una prioridad para el actual gobierno”, dijo en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.
– ¿Qué pueden esperar los migrantes salvadoreños que residen de forma irregular en EEUU, si no fueron mencionados en la reunión Bukele – Rubio?
El gobierno de El Salvador no ha sido transparente con respecto a contenidos de negociaciones, acuerdos, conversaciones con diferentes entidades, ni a nivel nacional ni tampoco a nivel internacional.
Los salvadoreños se enteraron del contenido de un acuerdo de Tercer País Seguro, entre el gobierno salvadoreño y el primer gobierno de Donald Trump en 2019, porque el periodismo independiente pudo publicarlo, porque las autoridades nacionales se negaron a divulgar.
Lo mismo ha sucedido con convenios suscritos con el gobierno de Costa Rica en el 2024. Los salvadoreños pudieron conocer los contenidos de estos convenios debido a que lo han difundido diputados costarricenses, dado que el gobierno salvadoreño los ha mantenido en reserva.
A excepción de la propaganda oficial, no podemos esperar entonces que se conozca por transparencia del gobierno salvadoreño los contenidos de lo conversado entre el presidente de El Salvador y el Jefe del Departamento de Estado Marco Rubio.
– ¿Otras entidades han proporcionado información de esta reunión?
La viceministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, ha afirmado, ante el cuestionamiento de la prensa, que en estas conversaciones si se habló sobre salvadoreños en Estados Unidos, pero no hay manera de verificar para la ciudadanía si eso es cierto o no, dada la inaccesibilidad de información veraz y constatable.
Lo cierto es que en la propaganda oficial no se hace referencia a que en dichas conversaciones se hubiese abordado la importancia que para El Salvador debe representar que los migrantes salvadoreños sean tratados con dignidad en Estados Unidos.
El que la propaganda oficial ni siquiera menciona a las diáspora salvadoreña en Estados Unidos puede indicarnos que este tema no sea una prioridad para el actual gobierno.
Lo que sí ha sido confirmado en declaraciones públicas por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, es que el gobierno salvadoreño ha solicitado al gobierno estadounidense la repatriación o extradición de líderes pandilleriles salvadoreños que guardan prisión en Estados Unidos.
– ¿Cómo se puede interpretar esta posición gubernamental?
Que El Salvador, entonces, no habría abogado por condiciones dignas para migrantes salvadoreños en Estados Unidos ni apoyo para generar condiciones dignas de recepción y reinserción de migrantes salvadoreños deportados desde Estados Unidos, sino que en la agenda con Rubio el requerimiento del regreso de líderes pandilleriles presos en cárceles estadounidenses había sido más importante.
Aquí hay que preguntarse, ¿Entre esta solicitud de extradición o repatriación de líderes pandilleriles salvadoreños presos en Estados Unidos, estaría incluido Elmer Canales (el Crock) que en lugar de estar cumpliendo condena por sus crímenes en las cárceles salvadoreñas se encontraba libre en México, país donde fue detenido y remitido al actual proceso activado por el departamento de justicia estadounidense en New York?
– ¿Cuál es la intención del presidente Bukele de ofertar a recibir criminales peligrosos, incluso estadounidenses en el país?
No es desconocido que el servicio privado de instalaciones y mantenimiento de cárceles es un negocio altamente lucrativo. Debemos recordar que la deportación de salvadoreños miembros de pandillas hecha por Estados Unidos en la década de 1990 fue uno de los factores principales que facilitaron la instalación y control territorial de estos grupos en El Salvador.
Y bajo un régimen de excepción ya permanente en el país, se asegura en propaganda oficial que se tiene la capacidad de recibir a migrantes de otras nacionalidades señalados como criminales en Estados Unidos y remitirlos a infraestructura de alta seguridad, incluyendo a miembros del grupo venezolano Tren de Aragua.
El llamado modelo de seguridad salvadoreño se basa en la detención y encarcelamiento masivo de personas sin distinguir e incluso sin importar si las personas detenidas pertenecen a grupos delincuenciales o se vinculan a algún tipo de delito.
El Salvador ha aumentado en pobreza y en deuda, siendo el país actualmente con la mayor cifra registrada de hacinamiento carcelario en América Latina. Es claro que convertir al país en una gran cárcel, tercerizando servicios carcelarios a Estados Unidos, representa un negocio altamente beneficioso para pequeños grupos que controlan el poder político y estatal en El Salvador, pero definitivamente no representará ningún beneficio para la población salvadoreña.
– ¿Qué le espera a la diáspora protegida por TPS o DACA?
Ningún gobierno salvadoreño puede atribuirse los logros de las diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Las grandes batallas ganadas, sobre todo las legales como el haber logrado en el primer gobierno de Trump evitar que se concretara la suspensión del programa TPS, es producto de la lucha de los mismos migrantes en ese país.
En este segundo mandato, Trump prometió desde su campaña electoral anular nuevamente el TPS y DACA, entre otros programas que han beneficiado a migrantes en Estados Unidos por muchos años.
Ya canceló el TPS para migrantes venezolanos y realmente no hay nada que nos indique que no cancelará para otras nacionalidades. No se sabe si el TPS es un tema de interés para el gobierno de El Salvador y, en todo caso, el no haberlo mencionado en la propaganda oficial sobre los contenidos de las conversaciones con Marco Rubio en su reciente visita a El Salvador, puede indicar que al menos no es un tema prioritario.
– ¿Qué pasaría de cancelarse el TPS y DACA a salvadoreños?
De cancelarse TPS para El Salvador, eso implicaría la deportación de alrededor de 200 mil salvadoreños y, de cancelarse DACA, representaría la deportación de alrededor de 25 mil jóvenes de origen salvadoreño que estudian y trabajan en los Estados Unidos.
Esto no solo implicaría alrededor de 5 mil millones de remesas que dejarían de percibir para El Salvador tan solo en un año, sino también el engrosamiento de los ya altos niveles de desempleo y subempleo existentes en el país.
Ciertamente, resultaría difícil que el presidente Trump cumpla la promesa de una deportación masiva en las dimensiones que prometió en su campaña electoral, pero ello, no significa que definitivamente El Salvador enfrentará el aumento de deportaciones desde Estados Unidos y también de repatriaciones de salvadoreños desde países como México y Guatemala que también enfrentan presiones del gobierno estadounidense para controlar y frenar la migración en tránsito.
– ¿Sin importar las nuevas reglas de la administración Trump, siempre habrá migración irregular de la región y el país?
Es muy probable que en los primeros meses de la implementación de las medidas anti migratorias en Estados Unidos muchas personas que han decidido migrar a ese país posponga su viaje o se mantengan en países de tránsito como México y opten por esperar puedan presentarse mejores condiciones para continuar su ruta. Sin embargo, ello no significa que las personas dejarán de emigrar.
Lo hemos planteado muchas veces, el fenómeno migratorio tiene raíces profundas en desigualdades sociales. Las personas se ven forzadas a emigrar para buscar condiciones de vida dignas, justas y seguras que les son negadas en sus países de origen.
El Salvador no ha tenido ni tiene la capacidad de brindar esas condiciones a miles de salvadoreños que son deportados o repatriados, razón por la que estas personas vuelven a intentar emigrar al no encontrar trabajo o no sentirse seguras en el país.
Cuando hablamos de seguridad no solo nos referimos a estadísticas de homicidios, una persona también puede sentirse insegura al saber que si es víctima de una detención arbitraria, por ejemplo, no existe en su país garantías de un juicio justo e imparcial, por lo que no desea vivir en un lugar donde sabe que no tiene garantías al respeto de sus derechos o de su grupo familiar.
– ¿Cómo debe manejar el Estados salvadoreño esta realidad migratoria?
Como otras problemáticas sensibles para el país. Las soluciones no son el aumento de propaganda, se requieren planificación, sostenibilidad, financiamiento y establecimiento de prioridades basados en una visión de país y en función de la población salvadoreña.
Esto debería incluir como prioridad el bienestar de la migración salvadoreña en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, así como la generación de condiciones reales que garanticen a los salvadoreños contar con medios de vida dignos, protección al medio ambiente, seguridad jurídica y garantías democráticas.
Aparte de la propaganda oficial, no se conocen realmente medidas concretas que nos indiquen que El Salvador pueda ofrecer esas garantías a miles de migrantes deportados, mucho menos que puedan ofrecerse a migrantes de otras nacionalidades que serían recibidos en El Salvador como parte de un convenio de Tercer País Seguro.
