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Santiago / AFP
Miguel Sánchez
Miles de personas marcharon el domingo en Chile a 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, exigiendo a gritos el fin de la impunidad tras la liberación de exagentes de la dictadura encarcelados por violaciones a los derechos humanos.
Fotografías en blanco y negro con los rostros de asesinados y desaparecidos por la dictadura, encabezaron esta tradicional marcha que año a año se dirige hacia el cementerio general de Santiago donde concluye a los pies de un memorial en el que se inscribieron los nombres de las víctimas de la cruenta dictadura que comenzó el 11 de septiembre de 1973.
Hace 45 años, fuerzas militares a la cabeza de Pinochet bombardearon el palacio de La Moneda donde se suicidó el presidente socialista Salvador Allende, consumándose un golpe militar que dio paso a una dictadura de 17 años que marcó a fuego a Chile, no sólo por la violencia que desató sino también por la herencia política y económica que dejó.
«Seguimos luchando por verdad y justicia», indicaba uno de los enormes lienzos junto a las fotografías de los desaparecidos que portaron familiares de las víctimas del régimen que marcharon desde la Alameda, la principal arteria de la capital chilena, hasta el cementerio. Banderas rojas del Partido Comunista y gritos en contra de Pinochet también acompañaron la marcha.
Luego de poco más de dos horas, la manifestación llegó al cementerio donde se produjeron disturbios menores que fueron controlados por la Policía chilena.
– No a la Impunidad –
«¡No a la impunidad! ¡No a la Impunidad!» fue el grito que se repitió entre la multitud, enardecida luego que en julio pasado la Corte Suprema chilena acogió el pedido de libertad provisional de siete exagentes de la dictadura encarcelados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos un excoronel condenado por la muerte de tres ciudadanos uruguayos.
Sumado a esto, el presidente derechista Sebastián Piñera había otorgado en abril un indulto al excoronel René Cardemil, condenado a 10 años de cárcel por el asesinato de 6 personas, una de ellas un funcionario del FMI en 1973. Cardemil murió de cáncer antes de gozar del beneficio otorgado por Piñera.
«La campaña de impunidad que ha montado Sebastián Piñera con algunos jueces de la Corte Suprema ofende la memoria de miles de chilenas y chilenos asesinados», declaró Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, durante la marcha.
Los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990) –en su mayoría militares retirados de avanzada edad- purgan sus penas en el penal de Punta Peuco, un exclusivo recinto carcelario en el norte de Santiago donde los internos gozan de beneficios que no tiene el resto de la población penal chilena.
– Acusación contra jueces –
Diputados de oposición presentaron la semana pasada una acusación constitucional contra los magistrados que liberaron a los exagentes, con el fin de determinar su responsabilidad política y revertir los fallos.
Según el poder Judicial, los exagentes accedieron a la libertad condicional porque la legislación chilena no niega ese beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó los fallos y recordó que en casos de crímenes de lesa humanidad, recomienda a los tribunales abstenerse de suprimir sentencias.
En Chile se ha hecho «una relativización evidente de los crímenes de exterminios, por lo tanto, el balance que podemos hacer en esta materia es mísero», sostuvo la diputada comunista Carmen Hertz, impulsora de la demanda contra los jueces.
Otros gestos desde el gobierno, como las críticas que lanzó el exministro de Culturas, Mauricio Rojas, en contra del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos -al que calificó de montaje- también han provocado malestar en un Chile.
Hasta mediados de 2017, existían un total de 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos, de acuerdo a un Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, de acuerdo a registros oficiales.
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