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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Cuando se cumplían 41 días del régimen de excepción, el presidente anunció la captura de más de 25 mil personas, a las que califica de terroristas.
Cuantas de esas personas tienen madre viva y no capturada con ellos, es imposible saberlo.
Prisioneras o en libertad, miles de madres sufren de pronto las consecuencias de una política de la dictadura que recuerda la velocidad con la que fueron asesinadas 30 mil personas en 1932.
La magnitud de las capturas y los procedimientos utilizados, también lleva a preguntarse sobre la capacidad del sistema penal de albergar a tantas personas, sobre la capacidad de los jueces para juzgar, de los fiscales para probar los delitos por los que cada persona ha sido detenida.
También uno se pregunta si la Procuraduría General de la Republica está en condiciones de cumplir su obligación constitucional de defender a quien no tiene un abogado pagado, pues queda claro que las capturas se han realizado, en su inmensa mayoría, en comunidades habitadas por familias de escasos recursos.
Es innegable que el país padece un problema de seguridad y, antes de la llegada del actual gobierno, existía una política integral, elaborada con participación de muchos sectores e instituciones, en la que se proponía perseguir al delito, prevenir mediante programas sociales y educativos, que más jóvenes se sumaran a las maras, fortalecimiento de las instituciones y protección a las víctimas.
Eso fue desechado por completo por un supuesto plan de control territorial que, evidentemente, o no existe o fracaso, o como muchos expertos afirman, el control territorial había sido cedido conscientemente por el gobierno a través de pacto con jefes de pandillas para disminuir la evidencia de asesinatos.
Desaparecieron las becas a jóvenes, los programas para descubrir la vocación y el apoyo para que estos aprendieran un oficio y emprendieran un esfuerzo productivo. Se desacreditó la participación de sectores en respaldo a aquella política y se creyó que con el apoyo forzado a la asamblea legislativa, para otorgar centenares de millones de dólares, se podría tapar el problema de seguridad.
Personalmente creo que muchos de los capturados efectivamente sean personas que han cometido delitos, pero el Estado está obligado a cumplir normas jurídicas que aseguren principios elementales de justicia; hoy se hacen de lado la presunción de inocencia, el debido proceso, la responsabilidad de probar por parte de la fiscalía, y otros; además, se carece de un poder judicial independiente, sabemos cómo se dio golpe de estado al órgano judicial y se transformó la plantilla de jueces.
Personalmente dudo que una madre mande a sus hijos a cometer delitos, ese fenómeno de las maras tiene sus raíces en la injusta desigualdad. Sin atender las causas, es difícil que el problema sea resuelto, pero bajo un régimen autoritario y dictatorial, enemigo de los pobres ahora toman el camino que mejor propaganda les rente, aparentando una solución.
Cientos de miles de familias de escasos recursos, que respaldaron con su voto al presidente y su partido, ahora se dan cuenta que solo fueron utilizados para ascender a una posición en la que se pueden hacer negocios, engañar, mentir, y perseguir.
La conducta de los mandos la asumen sus leales sirvientes, impacta la anécdota de una madre buscando a su hijo capturado, a la que un agente policial le dijo, que, si al salir de la cárcel no se quitaba los tatuajes, se lo entregaría después en una bolsa negra.
Se necesitan a varios Gabriel García Márquez para recoger y comunicar el sufrimiento, los abusos de poder que ocurren en nuestro país ahora, que martirizan a miles, y apagan la democracia.
El tiempo nos trae de nuevo un Día de las Madres, y pienso en las que no tienen cómo llevar comida a sus hijos en bartolina, las que no tienen con qué comprar el paquete que obligan a adquirir para vestir al prisionero con un calzón blanco, una camisa y unas chancletas de hule.
Me recuerdo lo que se denunció durante la pandemia, la entrega de 300 dólares a pandilleros, mediante el uso de un mismo número de DUI miles de veces. Ahora llegó para muchos la reversa; del bolsillo de gente pobre debe pagarse el negocio de los amigos del presidente haciendo venta loca de productos obligados para sus prisioneros.
Y a las madres de inocentes capturados, más dolor todavía. Por todas ellas elevemos nuestra exigencia de justicia independiente y nuestra solidaridad moral.
