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Bilbao/AFP
Decenas de miles de manifestantes desfilaron el sábado en la noche por las calles de Bilbao, sales en el País Vasco, recipe en un desafío lanzado a Madrid después de la prohibición por la justicia de una movilización de apoyo a los presos del grupo armado ETA.
A pesar de que se había decidido realizar un desfile en silencio, los manifestantes corearon gritos de «¡presos vascos, a casa!», mientras que las familias de éstos fueron aplaudidas a su paso, emocionadas, luciendo sus miembros pañuelos blancos ceñidos al cuello.
Bajo la consigna «Derechos humanos, acuerdo, paz», los nacionalistas del PNV se unieron en las calles a los independentistas, pese a sus divergencias, en respuesta a la decisión de la Audiencia Nacional de prohibir una manifestación organizada por otro colectivo a favor de los presos de ETA.
El PNV se unió así por primera vez desde 1999 a una manifestación de los independentistas.
Esta respuesta común de dos corrientes políticas que representan más de la mitad del electorado del País Vasco español, tiene lugar tras prohibirse una manifestación contra la «dispersión» de los militantes separatistas presos.
«Ante esa prohibición que supone también una agresión a la libertad de expresión, partidos políticos y sindicatos que representan la mayoría política de ese país decidieron que había que convocar esa manifestación en primer lugar para defender ese derecho a la libertad de expresión», declaró Pernando Barrena, portavoz del partido independentista de izquierda Sortu.
Por su parte, el portavoz del gobierno regional, Josu Erkoreka, había calificado de «muy grave, e incomprensible para el pueblo vasco» la decisión del magistrado que prohibió el acto.
El acercamiento de los presos militantes de ETA al País Vasco, actualmente unos 520 dispersos en cárceles de toda España y Francia, constituye una de las reivindicaciones históricas de la organización separatista y de la izquierda independentista vasca.
Tras el abandono de la lucha armada, el 20 de octubre de 2011, este asunto, muy delicado, se ha revelado clave en la oposición entre ETA y el gobierno central, en Madrid.
«Nos han impuesto una doble pena», declaraba Itziar Goienetxia, una mujer de 52 años de edad, cuyo marido está preso desde hace once años cerca de Cádiz, en Andalucía (sur), ciudad-puerto diametralmente opuesta al País Vasco en la geografía española.
«Yo vivo en Pasajes, cerca de San Sebastián», decía la mujer, quien se desplazó a Bilbao para este manifestación. «Cada quince días tengo que recorrer 1.200 kilómetros para ir a verlo, y otros 1.200 para regresar. Todo eso para pasar 40 minutos detrás de un vidio, y después una hora y media cara a cara con él», añadió.
«Esta manifestación me parece muy importante, es un paso hacia la solución al problema del País Vasco, puesto que se trata de la unión de las fuerzas nacionalistas e independentistas», lanzó María Jesús Etxebarria, una jubilada de 73 años, llegada desde San Sebastián.
Pero, para Asunción Aranburu, la suerte de los presos vascos era el real meollo de la movilización.
«El eslogan cambió, pero es el de los derechos humanos, de la paz y resolución del conflicto. Y, los derechos de los presos se inscriben en éstos», subrayó esta mujer de 49 años, quien también debe viajar unos 1.400 kilómetros para poder visitar a su marido en prisión durante algunos minutos.
En vísperas, el juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) Eloy Velasco había «prohibido» esta manifestación por considerar que el grupo de apoyo a los presos, Herrira, desmantelado en una operación policial el 30 de setiembre pasado, y cuyas actividades han sido suspendidas durante dos años por la justicia española, está detrás de los organizadores de la marcha.
Esta prohibición por parte de la justicia, llevó a varios partidos vascos, críticos con esa decisión, a convocar otra movilización diferente con el lema «Derechos humanos, acuerdo, paz», que tuvo lugar en la jornada.
