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Madrid / AFP
Patrick Rahir / Álvaro Villalobos
Miles de personas se manifestaron el viernes en distintas ciudades de España en repudio a la liberación de «La Manada», cinco jóvenes que abusaron en grupo de una chica y que han podido volver a sus casas a la espera de que su condena quede confirmada en apelación.
El tribunal de Pamplona (norte) a cargo del caso decretó libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco jóvenes sevillanos, que este viernes por la tarde ya habían abonado la suma y salido de prisión.
El tribunal ya había causado escándalo en abril, cuando se pronunció en primera instancia. Los jueces descartaron la calificación de violación en los hechos cometidos por los acusados, quienes penetraron sucesivamente a su víctima en el portal de un edificio de Pamplona durante la fiesta de Sanfermines en julio de 2016, y se grabaron a sí mismos.
Cada uno de ellos fue condenado a nueve años de prisión por «un delito continuado de abuso sexual», pero ahora han quedado en libertad provisional a la espera de que se examine su caso en apelación.
Las primeras manifestaciones de repudio se produjeron el jueves, al conocerse por la prensa la inminente liberación, y este viernes hubo movilizaciones más numerosas en Madrid, Sevilla, Valencia, Granada y otras ciudades.
«Basta ya de justicia patriarcal», gritaron los manifestantes, mujeres y hombres de todas las edades, frente al ministerio de Justicia en Madrid. Una chica lucía una pancarta con el lema «hay que dejar de criar princesitas indefensas y machitos valientes».
«Es una vergüenza para todas las mujeres de España. Es un delito grave, no es para que estén en la calle. Ya que no han tenido educación, al menos que haya justicia», dijo a AFP Lucía Rodríguez, una prejubilada de 60 años y veterana militante feminista.
«Hay un fallo educacional desde hace años. Nos han educado a los hombres en la idea de que podemos hacer cualquier cosa, y con esta sentencia se ha visto que puedes violar y no pasa nada», añadió Aratz Beranoaguirre, un joven geólogo.
En su decisión, publicada este viernes, el tribunal de Navarra explica que no ve riesgo de reincidencia ante «la repercusión del caso y la presión que ha desatado» en contra de los cinco jóvenes.
Los condenados, que han pasado casi dos años en prisión preventiva, estarán a partir de ahora sometidos a estricto control: prohibición de salir de España sin autorización judicial, retirada del pasaporte, obligación de presentarse en el juzgado más próximo los lunes, miércoles y viernes, y prohibición de viajar a Madrid, donde reside su víctima, ahora de 20 años.
Uno de los jueces, no obstante, emitió un voto discrepante, y se pronunció a favor de su mantenimiento en prisión preventiva incondicional durante la mitad de su pena, es decir, cuatro años y medio.
«Distancia» entre la sociedad y la justicia
Los cinco jóvenes, entre ellos un guardia civil y un militar, esperan su proceso en apelación, después de que la fiscalía recurriera la decisión de primera instancia, que consideró demasiado clemente.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, dijo que apelará también la libertad provisional recién decretada.
Hay una «distancia creciente (…) entre la propia sociedad y algunas decisiones judiciales», declaró ante la prensa el alcalde, del partido separatista vasco Bildu.
Igualmente, este viernes de tarde una petición lanzada en la web change.org contra la liberación de los condenados había sumado ya más de 659.000 firmas.
La condena inicial, el 26 de abril, de los cinco jóvenes de La Manada, a los que se exculpó de violación, provocó una ola de manifestaciones en España, donde el movimiento feminista ha cobrado especial fuerza en los últimos años. Poco antes, el 8 de marzo, el país había vivido una inédita huelga en defensa de los derechos de las mujeres, en la que participaron millones de personas.
La nueva ministra de Justicia del Gobierno socialista español, Dolores Delgado, evitó comentar la decisión del tribunal y se limitó a destacar que los hechos establecidos en el caso son «gravísimos», y que exigen «reformas mentales».
«El gobierno respeta las decisiones judiciales (…) pero los hechos probados y condenados son muy graves, son gravísimos, y en este sentido el gobierno se hace eco de la alarma social» generada, añadió la portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá.
La primera medida anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, que asumió a comienzos de mes, es precisamente una formación para jueces y fiscales para sensibilizarlos más sobre la forma de combatir la violencia machista.
