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Por Leticia Pineda
Iguala/AFP
En paralelo al operativo del gobierno de México, ask centenares de milicianos comunitarios de la región de Guerrero (sur) se lanzaron a la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos hace casi dos semanas, store y dicen estar dispuestos a llegar hasta las entrañas de un territorio en poder del narcotráfico.
«De nuestros pueblos hay 17 jóvenes que están entre los 43 desaparecidos», seek recalca el miliciano Tisóforo García, promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, antes de abordar una de las cerca de 50 camionetas en las que se moviliza este grupo.
Machete y pala en mano, y calzando sandalias de cuero, medio millar de los llamados «autodefensas» escudriñan los cerros de la región, cavan donde ven tierra removida y buscan hasta debajo de las piedras a los estudiantes, que desaparecieron el 26 de septiembre luego de que policías del municipio de Iguala (Guerrero) abrieran fuego contra ellos junto a sicarios del cártel local Guerreros Unidos.
Estos campesinos -que se levantaron en armas en 2013 contra bandas del crimen organizado ante la inacción de las autoridades locales- trabajan a su manera al margen de los cientos de soldados y policías federales que fueron desplegados en la zona y que asumieron la seguridad en Iguala relevando a la policía municipal.
Al menos 22 agentes de la policía municipal fueron arrestados por su participación en el tiroteo contra los estudiantes, que dejó seis muertos.
El hecho de que los universitarios sobrevivientes fueron vistos por última vez a bordo de patrullas con rumbo desconocido, aunado al hallazgo de fosas clandestinas con 28 cadáveres a las afueras de Iguala, hacen sospechar que los estudiantes hubieran sido entregados al cártel para ser asesinados.
Sin embargo, mientras los cadáveres de las fosas no sean identificados, lo que podría llevar varias semanas, los milicianos se aferran a la posibilidad de que estén con vida, secuestrados por policías que aún se encuentran fugitivos de la justicia.
Las familias, que desconfían de las autoridades, también se resisten a creer que sus hijos estén muertos, aunque dos sicarios confesaron haber matado a 17 alumnos en el lugar donde se localizaron las fosas comunes.
Los milicianos catean e interrogan a cualquiera que se aparece por la estrecha brecha de terracería que recorren, en busca de la menor pista de los estudiantes.
«Han visto gente con comida» que era trasladada en dirección de unas cuevas y «no descartamos la posibilidad de que los hayan mantenido vivos» en esas grutas, dijo a la AFP Mauro Rosaría, de la autodefensa de Tecoanapa (Guerrero).
Iguala (140.000 habitantes) es un feudo de los Guerreros Unidos, un grupo dedicado al tráfico de amapola y marihuana y señalado por el gobierno como el principal exportador de drogas a Chicago. Las sospechas de infiltración llegan hasta el alcalde y su esposa, que es hermana de dos capos narcotraficantes -ya muertos- del cártel de los Beltrán Leyva, del que surgieron los Guerreros Unidos.
Mexicanos y comunidad internacional exigen justicia
El presidente Enrique Peña Nieto afronta una creciente presión para esclarecer las desapariciones, con pedidos explícitos de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.
Decenas de miles de mexicanos marcharon el miércoles en Ciudad de México, Guerrero y otros estados del país para exigir que se encuentre a los estudiantes y expresar de esa forma su solidaridad con sus familiares.
«¡No están solos!», clamaron los manifestantes en las calles de la capital al paso de los padres de las víctimas, que entre lágrimas encabezaban un cortejo de unas 15.000 personas.
«Venimos a exigir justicia y que nuestros compañeros aparezcan vivos», dijo a la AFP uno de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la universidad de la empobrecida región de Guerrero a la que pertenecían los desaparecidos, todos ellos varones y la mayoría de entre 18 y 21 años.
Alcalde de Iguala, en la mira
Las autoridades mexicanas también son cuestionadas por haber permitido que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, permaneciera en el poder pese a que a mediados de 2013, miembros de su propio partido político presentaron denuncias en su contra por el asesinato de un activista.
La fiscalía federal se defiende argumentando que nunca tuvo una denuncia formal de ello. El alcalde se encuentra actualmente como prófugo de la justicia.
La fiscalía también asegura que no era posible investigar a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, argumentando sólo un parentesco con sus hermanos narcotraficantes.
Según un reporte del servicio de inteligencia, Pineda ordenó al director de Seguridad Pública de Iguala que reprimiera a los estudiantes aquel 26 de septiembre, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía pronunciar ese día.
