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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Abogados del Instituto de Derecho Militar notificaron este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR), el presunto cometimiento delitos por parte de los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional quienes declararon inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en julio de 2016. Los abogados fueron acompañados por un grupo de veteranos de guerra de la Fuerza Armada a la sede fiscal. Proceso que pretendería revertir a la decisión de la derogación de dicha ley, ya que consideran que la forma en que fue concebida la derogación fue incorrecta.
Los juristas aseguraron que el dictamen de inconstitucionalidad emitido contra la referida ley estuvo mediado por irregularidades, por lo que consideran que, si el procedimiento es ilegal, los resultados devenidos del mismo son también ilegales.
Fernán Álvarez, abogado del Instituto de Derecho Militar subrayó que la forma en que se dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es incorrecta, porque también se omitió la participación de alguno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
“No estamos diciendo que una derogatoria de la ley es correcta o incorrecta, sino que la forma en que esta se ha dado es incorrecta y si la forma es incorrecta el resultado es el incorrecto”, dijo Álvarez.
Falsedad material, falsedad ideológica y prevaricato, son los delitos que los abogados del advirtieron al Ministerio Público que pudieron haber sido cometidos por los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Armando Pineda Navas, quien es actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El abogado José Luis Alvarado detalló que en un documento que presentan como prueba de los presuntos ilícitos, se indica que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se encontraban -supuestamente- en dos reuniones al mismo tiempo, como Sala y como Corte en Pleno, el día 12 de julio de 2016, un día antes que se declarara inconstitucional la ley.
“Es imposible que como magistrados de Sala estuvieran al mismo tiempo en Corte plena, traemos los documentos que prueban que ellos dicen que estaban en dos reuniones y en dos salas distintas, simular reuniones es un delito, falsedad ideológica y falsedad documental que, al tratarse de servidores públicos, se agravan”, dijo Alvarado,
El abogado agregó que los magistrados incurrieron en una serie de “actos arbitrarios”, al anteponer un tratado internacional que, a su criterio, no aplica, por sobre la Constitución de la República.
Álvarez dijo que la derogatoria de la ley afecta a más de 500,000 personas en el país, “cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 se puso fin al conflicto, pero con esta ilegalidad de la Sala de lo Constitucional le dio vida jurídica al conflicto”. El abogado sostuvo que quieren que el conflicto acabe “sin responsabilidad para las partes”.
Este aviso de investigación surge en medio de que se aprobó un plazo para la aprobación de la Ley de Reconciliación, por parte de la Asamblea Legislativa hasta febrero del 2020. Como también, de un proceso judicial en Morazán por la masacre de El Mozote y zonas aledañas que esta a punto de dictaminar el juzgado para enviar a juicio a militares de alto mando vinculados en estos hechos.
