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Tegucigalpa/AFP
Una fuerza integrada por militares, ed policías, here fiscales y jueces tomó el control el lunes de las principales aduanas de Honduras, click ante las denuncias contra las autoridades de la oficina recaudadora de impuestos, informó el gobierno.
«A partir de hoy, la Fuerza Nacional Antievasión queda como encargada del proceso de desaduanaje, inspección y aforo de toda la mercadería en cada una de las aduanas intervenidas», afirmó al leer una declaración en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, junto al presidente Juan Orlando Hernández.
Sánchez añadió que la decisión fue tomada «debido a los hallazgos en los procedimientos aduaneros» de «delitos de evasión, contrabando y conexos y que están siendo profunda y debidamente investigados y que han dado como resultado decomisos, a petición del presidente Juan Orlando Hernández».
Indicó que los operativos abarcan las aduanas de los aeropuertos Toncontín (Tegucigalpa) y Ramón Villeda Morales (San Pedro Sula, norte), Puerto Cortés (norte) y Ocotepeque (occidente, fronteras con el Salvador y Guatemala).
Participan en la fuerza la Policía Militar, Fiscalía, poder Judicial, policía, la Dirección de Investigación e Inteligencia y Procuraduría General.
Hernández, por su parte, lamentó que sectores empresariales pretendan denunciar la decisión y «esperamos que con este aviso (del gobierno) estos sectores se den cuenta que ya sabemos que quieren desacreditar la operación».
«Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que este país recupere la paz y la tranquilidad y este país se vuelva transparente y que los hondureños sepan que cada centavo que tributan va a utilizarse como debe ser, con las medidas de transparencia del caso», subrayó el mandatario.
El presidente, que asumió el poder el 27 de enero prometiendo cambios en el gobierno, aclaró que la jefa de la oficina recaudadora de impuestos (Dirección Ejecutiva de Ingresos), Miriam Guzmán, dirige la fuerza antievasión.
Guzmán tomó su cargo poco antes de asumir el gobierno de Hernández con la promesa de aumentar la recaudación tributaria para mejorar las finanzas públicas, afectadas por un déficit fiscal superior al 6% del PIB.
