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Pere Ortega
Tomado de Agenda Latinoamericana
El gasto militar mundial en 2021, por primera vez, ha superado los dos billones de dólares (2.113 billones). Una cifra colosal que representa el 2,2% del PIB mundial, que contrasta con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países de la OCDE que ese mismo año ha sido de 179.000 millones de dólares, que tan sólo alcanza el 0’19% del PIB mundial. Una comparación de la cual se extrae la siguiente consideración: que la mayor parte de este gasto militar lo llevan a cabo solamente 25 países y es el 81,5% (1.722 billones $) del total de ese gasto; mientras que el resto de 169 países del mundo tienen un gasto militar infinitamente inferior, el 18,5% (391 millones $), (ver tabla).
De esta constatación se puede afirmar que los países enriquecidos prefieren destinar recursos a buscar su seguridad armándose, en vez de andar en sentido contrario, buscando la seguridad de la humanidad aportando recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Objetivos que pretenden que en 2030 se haya erradicado la pobreza, proteger el planeta frente a la crisis ecológica y el cambio climático, y conseguir la justicia social y la paz para todos los habitantes del planeta.
Una constatación a la que hay que sumar otra perversión: que estos mismos 25 países ostentan el 98% de todas las exportaciones de armas del mundo (ver tabla). Por lo tanto, son responsables de alimentar algunos de los 34 conflictos armados que hay en la actualidad en el mundo. Veinticinco países que a pesar de ser los más enriquecidos del mundo, en su interior también tienen un sur global (especialmente China e India), es decir, una población empobrecida y con graves deficiencias estructurales que les impide vivir una vida con las necesidades básicas cubiertas, como son sanidad, educación, vivienda, trabajo y un medio ambiente sano.
Pero tras estos 25 estados existe una tercera perversión, una mano invisible que tiene un poder inmenso, porque es quien realmente gobierna la economía mundial y a la vez es responsable de las enormes desigualdades sociales y de la crisis medioambiental que está trastocando la vida del planeta a través de las varias crisis que afectan a los ecosistemas: retroceso de las tierras fértiles, del agua dulce, de la biodiversidad, de las especies marinas, de la contaminación de la atmósfera, del agotamiento de las energías y minerales fósiles que afectan a centenares de millones de personas que, en muchos casos, se ven obligadas a emigrar para poder subsistir. Unas corporaciones que controlan la mayor parte de la economía mundial que a través de su expansión por todo el planeta subyugan a la mayor parte de la población mundial. Observemos en la tabla como las 50 corporaciones más poderosas del mundo controlan a 63.000 transnacionales que tienen su sede en los diez países más enriquecidos del mundo.
Unas corporaciones que acumulan un grande poder, entre las que se encuentran las tres más grandes, BlakRock, Vanguard y State Street. 50 corporaciones que son las principales responsables de las desigualdades sociales y de la crisis ecológica que amenaza la supervivencia humana en el planeta. Una crisis medioambiental que es producto del afán depredador por apoderarse de los recursos no renovables de la corteza terrestre: petróleo, gas, níquel, cobre, uranio, coltán, silicio, litio y tantos otros imprescindibles para su modelo de desarrollo insostenible y que son el motivo de muchos conflictos y en ocasiones de guerras. Porque cuando se producen resistencias entre las poblaciones o países afectados por el afán extractivista, los estados que protegen a estas corporaciones no dudan en utilizar la fuerza militar para doblegar estas resistencias. Sólo hay que mirar las guerras de Sudán del Sur, Congo, Nigeria, Irak, Libia, o el asesinato de tantos defensores y defensoras de sus hábitats en Latinoamérica, el África subsahariana y Asia.
Resulta evidente que necesitamos menos gasto militar y, por lo tanto, que se tiene que reducir el número de militares y de armamento. Y, por el contrario, se tiene que incrementar el número de médicos, hospitales, educadores, escuelas, prestaciones sociales y desarrollar más energías verdes para hacer posible los ODS que, en su objetivo 16, proponen conseguir la paz, la justicia social e instituciones más sólidas que garanticen una vida digna de ser vivida por todos los habitantes del planeta.
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