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El asesor del despacho del ministerio de economía (MINEC), recipe Salvador Menéndez, junto al gerente de asuntos jurídicos, Erick Alvayero, y la directora de la oficina de Transparencia, Laura Quintanilla, acudieron al Instituto de Acceso a la Información Pública para solicitar se aclare el contenido de una resolución relacionada con la destrucción de algunos documentos realizados por Manuel Ramírez, quien además hizo algunos señalamientos a funcionarios. “Funcionarios del MINEC fuimos señalados, a pesar de que no fuimos notificados desde el inicio, ni tuvimos participación institucional en el proceso que se llevó a cabo, violentando así el derecho de defensa y presunción de inocencia”, señaló Meléndez. A la vez, que destacó que “el MINEC es una institución transparente y respetuosa de la institucionalidad y leyes de la República”.
También, explicó que el MINEC fue incluido institucionalmente en una resolución que se originó por una denuncia personal que un empleado de la institución hizo contra otro.
Por lo tanto, “el MINEC ordenó a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, realizar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad y el tipo de documentos destruidos. Tras la investigación se determinó que la documentación destruida consiste en libros de bitácoras de control escritas a mano, resguardados en el archivo institucional y en los que únicamente se anotaban los ingresos y egresos de Decretos y Acuerdos en ningún momento pueden ser considerados como documentos de valor histórico”.
Aplican multa de 35 salarios
Cesar González, coordinador del Unidad Jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública, comentó que el pasado viernes el instituto emitió una resolución definitiva que multó al ex encargado del archivo del MINEC por destruir una gran cantidad de información pública mientras estaba bajo el cargo. “Razón por la que se inició un proceso administrativo sancionador que concluyó con una multa equivalente s 35 salarios mínimos, para el servidor público, que destruyó la información sin seguir un debido proceso”, dijo.
“Esto quiere decir, que no se formó comisión de destrucción, no se solicitó el apoyo del Archivo General de la Nación y quedó acreditado que hubo destrucción de documentos. El Instituto, además de multar y en virtud de que artículo 80 de la Ley de Acceso a la Información obliga a dar trámite o dar aviso al Fiscalía General de la República y sea certificado el expediente para que la Fiscalía siga el procedimiento y deduzca responsabilidad”, afirmó González.
De acuerdo, a González la Ley de Acceso a la Información, ya establece sanciones para que los funcionarios en cualquier cargo no destruyan información que sea considerada de carácter público en todo los niveles.
