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José M. Tojeira
Aunque este tema ha sido ampliamente tratado por múltiples instituciones y personas, resulta importante hacer un resumen de lo que está en juego. Si nos queremos acercar a hacer un juicio ético sobre la minería metálica desde los principios de la Iglesia católica tenemos que reflexionar sobre algunos principios de moral económica. Lo primero es ver a qué se dedica este tipo de empresa minera. Buscan un bien de lujo, superfluo cuyo precio es de 2.650 dólares la onza, 42.400 la libra. Un metal signo de ostentación.
La empresas mineras sólo dejan como beneficio un determinado número de salarios y una pequeña oferta del 2 ó 3% de sus beneficios a la comunidad o país donde funciona. No son empresas dedicadas a la producción de bienes universalizables, sino solamente a generar ganancias. Las que años antes de la prohibición de la minería metálica quisieron explotar los suelos de El Salvador a cielo abierto fueron profundamente irrespetuosas con la población salvadoreña. La propaganda de la Pacific Rim era despectiva e insultante contra quienes no aceptaban la minería metálica, a través de una especie de viñetas y dibujos que narraban historias y presentaban a quienes se oponían a la minería como ignorantes y malintencionados.
En El Salvador hubo muertes en cuyo contexto han estado las tensiones provocadas por las mismas compañías mineras contra defensores del medio ambiente, que tenían pleno derecho y razones más que suficientes para oponerse a la actividad de las minas y defender sus tierras. En otras palabras, la Compañías mineras se comportaron en un inicio con una inusitada agresividad contra nacionales que defendían legítimamente sus derechos con razones.
Resulta impactante la indemnización más de 300 millones de dólares reclamada por Pacific Rim-Oceana Gold cuando las leyes nacionales frenaron sus planes de prospección minera en El Salvador. Por un negocio que no le dejaría en 10 años más que una ganancia, en el mejor de los casos, de 90 millones de dólares, la compañía minera pedía tres veces más de lo que hubiera ganado.
El estilo voraz de la minera se desatacaba especialmente cuando cobraba también sus gastos en insultos, pues reclamaba como pérdidas previas a la explotación minera, los anuncios embusteros sobre la minería verde y los panfletos insultando a la ciudadanía salvadoreña, incluidas instituciones especialmente valoradas como las Iglesias.
El segundo elemento es ver las posibles disfunciones y daños que la minería a cielo abierto supone. Empezamos por la destrucción del medio ambiente, a causa de la cantidad de tierra que mueve con excavadoras y camiones. Se trata de remover tierra en un territorio aproximado de entre 100 y 150 hectáreas. Tierra que será acarreada a estanques donde será lavada con enormes cantidades de agua mezclada con sustancias químicas tóxicas como el cianuro, arsénico o mercurio. La utilización masiva de agua y la contaminación de la misma genera el peligro de derrames que pueden alcanzar ríos cercanos. El agua puede además filtrarse y contaminar aguas subterráneas. América Latina está plagada de accidentes de ese tipo.
El tercer elemento es ver en dónde se pretende realizar el trabajo de la minería. En el caso de El Salvador se trata de un país densamente poblado (el más denso de la América Latina continental), con aproximadamente 300 habitantes por km², en un territorio de 21.000 km². Si lo comparamos con otros países con explotaciones mineras podemos contemplar a Argentina con 2.740.000 km², y 15 habitantes por km². México, que ha sufrido frecuentes derrames tóxicos en sus minas, tiene 1.974.000 km², y 67 habitantes por km². Estos países, y otros de América Latina, tienen las minas en zonas desérticas o semidesérticas donde es más fácil prevenir los daños humanos y contener mejor la contaminación ambiental.
En El Salvador en cambio, la mayor parte de las explotaciones mineras estarían en la parte superior de una cuenca fluvial, la del río Lempa, que baña casi dos terceras partes del país. Los riesgos de catástrofe humanitaria y ambiental son mucho mayores, sumándose a ello la mayor dificultad para subsanar los efectos.
La experiencia en países pequeños, por otra parte, nos ayudan a contemplar las tragedias que podrían avecinarse. En general empresas de explotación masiva de un recurso, cuando se van por agotamiento del recurso, suelen dejar en la zona donde operan más pobreza de la que existía antes de que las empresas llegaran. Así ha pasado con algunas compañías mineras en el pasado (San Juancito en Honduras) con las explotaciones de la Rosario Mining Company, o en San Andrés Minas o el valle de Siria también en Honduras, donde se han producido derrames tóxicos. Costa Rica ha prohibido en 2010 la minería a cielo abierto ante los peligros señalados.
Las empresas mineras de cielo abierto en Honduras y Guatemala no han traído en general desarrollo, sino enfermedad, problemas de tipo social y enfrentamientos e incluso asesinatos de defensores del medio ambiente. Al igual que las antiguas economías de plantación cuando abandonaban sus terrenos, la minería deja atrás más pobreza de la que encontró. Si algo se produce al interior del país, la ganancia queda en pocas manos, desde comerciantes y algunos colaboradores técnicos, hasta los bolsillo de políticos corruptos o capital delincuente.
En ese contexto la calificación moral de una empresa de extracción de minerales preciosos a cielo abierto es bastante clara. En primer lugar si observamos el tema desde la relación capital-trabajo, observamos que estas compañías priorizan muy fuertemente el capital sobre el trabajo. Todo lo contrario al pensamiento de la Doctrina social de la Iglesia que insiste en que el trabajo es prioritario sobre el capital. Se desnacionalizan recursos nacionales a precios baratos, y se maltrata al trabajador, al medio ambiente y a la población circundante con la contaminación del aire y el agua.
Los efectos en la salud son simple y sencillamente nefastos, aun en el caso hipotético que no hubiera ningún derrame tóxico. Desde el respeto al medio ambiente este tipo de minería a cielo abierto es claramente destructivo, y las contribuciones paliativas del daño que se hace son simplemente paliativas. El territorio y la tierra quedan arruinados y contaminados por siglos. El aire viciado con el polvo de la masiva excavación y movilización de tierra, puede recorrer kilómetros y alcanzar fácilmente zonas altamente pobladas. El agua envenenada y con frecuente destrucción de fuentes naturales y desvío de pequeños afluentes de ríos que servían agua a las comunidades campesinas siembra enfermedad a personas y animales.
Los movimientos masivos de tierra en un país de laderas y en zona de ladera, con problemas de inundaciones y lluvias intensas que probablemente irán en aumento dado el cambio climático, añaden riesgos de inundaciones, deslaves (ya hemos tenido varios con más de 300 muertos en cada uno) y desplazamientos humanos obligados. Todo ello como riesgo grave en un país pequeño, superpoblado y con pronósticos de stress hídrico para el año 2035. Ni el país está preparado para un riesgo de este nivel, ni las Compañías mineras están dispuestas a asumir los costos de un desastre de grandes proporciones. Con toda razón la Conferencia Episcopal de El Salvador expresó su repudio enérgico en su comunicado de 3 de Mayo de 2007, día de la Cruz en Centroamérica, antes de que se decretara la prohibición de la minería metálica y ante los intentos de algunas compañías de comenzar prospecciones en el país. El arzobispo de San Salvador ratificó el mismo rechazo a la minería la semana pasada, después que el presidente de la república hubiera hablado positivamente en favor de la minería metálica y su explotación.
Y lo ha vuelto a ratificar la conferencia episcopal en pleno el 12 de diciembre, día de la Virgen Guadalupe, con un pronunciamiento colectivo titulado: LA VIDA Y LA SALUD NO TIENEN PRECIO. La base del documento es la defensa de la vida y la prevención de los daños irreversibles a la vida y salud de personas y del medio ambiente. La doctrina social de la Iglesia y los mensajes defendiendo el medio ambiente del Papa Francisco son el entorno del pronunciamiento. La sociedad civil insiste en el mismo tema y la población espera que se escuche su voz.
Desde el punto de visa ético y moral no se puede justificar la elección de un bien menor que producirá un mal mayor. Las empresas mineras solo hacen el cálculo de sus ganancias. Lo países deben pensar en su gente, en su territorio y en los problemas que se derivan de cierto tipo de industrias. Y evidentemente, uno de los consensos más generalizados es que la minería a cielo abierta es uno de los tipos de industrias más contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente.
Iniciar una explotación de este estilo en El Salvador es añadir más daño a un país ya seriamente afectado por la erosión, la deforestación, la contaminación, la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad. Ni las organizaciones medioambientales, ni la Academia, ni la mayoría de la sociedad civil ni la Iglesia Católica están de acuerdo con este tipo de explotación minera. A pesar de las tendencias autoritarias y neoliberales del actuar gobierno, el sistemático rechaza mayoritario de la gente y de las instituciones de la sociedad civil abre la esperanza de que no se avance en la pretendida derogación de la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador.
Aunque la ética y la moral económica no son temas importantes en el ámbito del poder político y económico de El Salvador, la constante preocupación gubernamental por la aprobación y respaldo popular, esta vez opuesto a los deseos del gobernante, tal vez consiga detener lo que la moral no frena.
