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José M. Tojeira
El año pasado El Salvador ganó un juicio histórico en un centro de mediación de conflictos económicos. Frente a un reclamo millonario de una transnacional minera, nuestro país salió victorioso y la empresa Oceana Gold, matriz de la Pacific Rim, quedó condenada a pagar parte de los costos del largo proceso. Vencido el reclamo, el tema ha dejado de aparecer en los medios de comunicación, aunque ha continuado como preocupación para muchas personas interesadas en la seguridad medioambiental de El Salvador. Por eso conviene recordar el tema y darle continuidad en el debate salvadoreño. Hace diez años la Conferencia Episcopal de El Salvador expresó su repudio enérgico en su comunicado del tres de Mayo de 2007, día de la cruz. Se basó especialmente en la defensa de la vida y los daños irreversibles a la vida y salud tanto de personas como del medio ambiente. Diez años después sería ideal que para esa misma fecha de mayo esté aprobada una ley que prohíba la minería metálica a cielo abierto en El Salvador. Algunas instituciones salvadoreñas están dispuestas a presentar ante la Asamblea un proyecto de legislación al respecto. Si los políticos lo escuchan, lo retoman y lo relanzan como ley, se estaría dando un paso muy positivo en el ambiente salvadoreño, paralizado en exceso por la polarización. Tal vez después de esta ley sería más fácil dar paso a la ley del agua, demasiado tiempo engavetada.
Las razones a favor de la existencia de esta ley son muchas. Somos un país pequeño y con pronósticos graves de stress hídrico para el año 2035. En otras palabras, que para esa fecha, si no tomamos medidas serias en los años próximos, la escasez de agua en el país será un grave problema para el desarrollo. Y nadie ignora que la minería a cielo abierto, especialmente la que busca oro, consume una enorme cantidad de agua, daña nacientes de este vital líquido al tiempo que deteriora el ya reseco y deforestado territorio nacional, creando zonas casi desérticas e inutilizables después de la explotación. Por si ello fuera poco el riesgo de derrames de aguas contaminadas es serio. Se ha dado en muchos países en los últimos años, como por ejemplo, entre otros, en Argentina, con graves consecuencias ecológicas, así como en el propio Estados Unidos. En El Salvador en particular el riesgo de daños es más elevado que en los países mencionados, dado el tamaño reducido del país y la muy alta densidad de población. Además una serie de prospecciones mineras se querían realizar en la zona norte de El Salvador. Allí cualquier derrame contaminante podría desembocar en el río Lempa. Y según a qué altura del río se diera, podría dañar a prácticamente más de la mitad del territorio nacional. Ni el país está preparado para un riesgo de este nivel, ni las Compañías mineras están dispuestas a asumir los costos de un desastre de grandes proporciones.
Por otro lado estas compañías priorizan muy fuertemente el capital sobre el trabajo. Desnacionalizan recursos nacionales a precios baratos, maltratando al trabajador. Y dejan graves dolencias en la salud de los trabajadores. La experiencia de explotaciones mineras en Honduras y Guatemala ha generado graves daños a la salud de los mineros, que ni han sido tratados adecuadamente ni han sido compensados. La tierra queda arruinada y contaminada, y el trabajador enfermo y disminuido en sus capacidades. Las mineras se van una vez obtenida su ganancia y dejan como herencia una pobreza mayor de la que existía antes de que ellas llegaran. Las experiencias latinoamericanas son demasiado claras al respecto. Y si el daño ha sido menor en algunos países ha sido porque los mismos tienen una gran extensión de territorio y una densidad de población mucho menor que la nuestra. Bolivia, a la que las mineras proponen como ejemplo de minería verde, es casi 50 veces más extensa que El Salvador y tiene una densidad de aproximadamente 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Frente a ella, El Salvador tiene poco más de 21.000 kilómetros cuadrados y una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que Bolivia se puede permitir en un territorio tan extenso y despoblado no es lo mismo que lo que se puede permitir nuestro pequeño y fuertemente poblado El Salvador.
Un último elemento de reflexión, en favor de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en El Salvador, es la propia categoría del tipo de empresas que gestionan y movilizan estos minerales. Generalmente ofrecen un pequeño porcentaje de sus ganancias a cambio de llevarse el mineral codiciado. Un mineral que es parte del patrimonio de El Salvador. En el caso del oro se trata además de un mineral de lujo, con un alto precio en los mercados. Si fuéramos un país rico tal vez pudiéramos vender nuestro patrimonio a un precio barato, por no tenerlo paralizado en el subsuelo. Pero siendo pobres como somos, no tiene ningún sentido vender barato nuestro patrimonio, que además nos dejaría una herencia de contaminación, destrucción de recursos naturales y riesgo de un desastre de proporciones nacionales. Nuestro país necesita ver acuerdos en el campo de la política que tiendan al bien común y a la cohesión social. Tomar el acuerdo en la Asamblea Legislativa de prohibir la minería metálica a cielo abierto sería un buen ejemplo de que se puede llegar a acuerdos positivos en campos claramente ligados al bien común. La ciudadanía ve con dolor la incapacidad del sector político partidista para llegar a este tipo de acuerdos. Tal vez por eso los partidos están en los últimos márgenes de confiabilidad social. El acuerdo legislativo prohibiendo la minería metálica podría ser un primer paso para levantar el ánimo de la ciudadanía, peligrosamente separada y alejada de su liderazgo político.
