Por Leonel Herrera*
El pasado 11 de agosto se cumplieron diecinueve meses de la detención arbitraria de los ambientalistas de Santa Marta y ADES, realizadas en medio de claras señales de reactivación la minería metálica en la zona norte del país.
Desde que se hicieron las capturas en enero de 2023, las organizaciones ambientalistas han planteado que el trasfondo del injusto proceso penal contra los líderes comunitarios es el interés gubernamental de retomar estos proyectos extractivos a pesar de estar prohibidos por ley y sin importar el grave riesgo de un desastre ambiental sin precedentes.
Hasta ahora, las organizaciones basaban su denuncia en la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueve la explotación minera, los intentos solapados de revertir la ley prohibitiva de la minería metálica y -especialmente- la presencia de presuntos personeros de compañías extractivas en Cabañas.
Esta última situación ha sido confirmada por una investigación de la Revista Elementos. La publicación señala que la empresa minera estadounidense Titan Resources Limited, con presencia en Honduras y Perú, está detrás de los metales preciosos del subsuelo salvadoreño.
La investigación periodística descubrió claros vínculos entre la referida compañía extractiva con las sociedades Tombstone Company (que después se llamó Nueva Esperanza) y Agrícola San José, a través del empresario estadounidense Blane William Wilson.
Este inversionista norteamericano es el representante de Titán en Centroamérica y -con el hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa- es dueño de Nueva Esperanza (antes Tombstone Company), instancia que impulsa proyectos sociales en San Isidro, Cabañas.
Revista Elementos también revela que Tombstone Company realizó préstamos a Agrícola San José, la propietaria de los terrenos en El Dorado, San Isidro, donde años atrás intentó operar la transnacional canadiense Pacific Rim-Oceana Gold.
Además, la investigación periodística encontró que ambas instancias (Tombstone-Nueva Esperanza y Agrícola San José) también comparten la misma oficina en San Salvador y las dos son financiadas por el Banco Atlántida, que tiene en su poder las hipotecas de las propiedades con potencial minero.
Tombstone Company declara en su acta de constitución que sus actividades están relacionadas con la elaboración de estudios geológicos, análisis de suelos, consultorías en todas las ramas de la geología y construcción de todo tipo. En 2022 declaró al Ministerio de Hacienda que había invertido más de 100,000 dólares en reservorios, invernaderos y actividades agrícolas.
Revista Elementos también detalla que Blane William Wilson, representante de Titan Resources Limited, además es presidente de la transnacional Fire River Gold Corp, registrada en Canadá y Estados Unidos y dedicada a la exploración y explotación de metales preciosos.
Lo anterior confirma que -de manera más o menos disfrazada- empresas mineras operan nuevamente en nuestro país, violentando la ley prohibitiva y burlándose del amplio consenso nacional que derivó en la aprobación de dicha normativa que puso al país a salvo de la grave amenaza extractiva.
Y esto, a su vez, valida la denuncia de que detrás de la espuria acusación contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES está el intento de debilitar y desarticular la resistencia ambiental contra la explotación minera.
Los manuales de las empresas extractivas plantean dos estrategias centrales para viabilizar sus proyectos: realizar obras de beneficio social para ganar el apoyo de las comunidades más afectadas y criminalizar a quienes se oponen a su implementación.
Claramente ambas estrategias están en marcha en Cabañas: para buscar apoyo social, Tombstone- Nueva Esperanza construyen invernaderos y reservorios; y para perseguir a la resistencia ambiental, la Fiscalía y el Sistema Judicial procesan sin pruebas a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.
Por tanto, es urgente una mayor presión nacional e internacional para lograr la libertad de los defensores ambientales, exigir la salida de las empresas mineras del país y demandar respeto a la ley que prohíbe en forma definitiva la minería de metales.
*Periodista y activista social.