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@elder_gomez_2
La aprobación de la explotación de la Minería Metálica en El Salvador se encuentra ahora en manos de los cinco partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa, cuyos líderes han ofrecido sus votos para aprobar, de una vez por todas, una ley que prohíba la extracción del preciado metal dorado en este empobrecido país centroamericano.
La lucha por impedir la explotación minera en El Salvador ha costado la vida de al menos cuatro activistas, todos dirigentes comunales de cantones del norteño departamento de Cabañas, que se oponían a la extracción del preciado metal en la mina “El Dorado”, por parte de la transnacional Pacific Rim, ahora Oceana Gold, desde 2002.
También la batalla contra la minería metálica se ha librado en El Salvador en las calles, donde organizaciones sociales y activistas de derechos humanos han hecho ver su descontento, tanto por la explotación minera, como por los crímenes de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Juan F. Durán y Ramiro Rivera.
Batalla y sacrificios de vida que por fin han tenido eco en los recónditos anaqueles de la Iglesia Católica, donde la lucha contra la minería metálica no había tenido resonancia.
Ahora, por iniciativa de la misma Iglesia Católica, el tema ha llegado hasta el Salón Azul del congreso, en medio de buenos augurios de que por fin será aprobada la Ley contra la Explotación de la Minería Metálica en El Salvador.
El paquete ha caído en manos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, del congreso, que ha comenzado este martes el estudio de la propuesta de la Iglesia Católica, la Universidad Centroamericana (UCA), y de otras organizaciones que se oponen a la minería metálica en El Salvador.
Los legisladores recibieron el martes al Asesor del Ministro de Economía, Giovanni Berttis, quien propuso crear una nueva Legislación o reformar la actual Ley Minera, que data de 1995.
Además, advirtió que el Anteproyecto de Ley contra la Minería Metálica propuesto por la Iglesia Católica y la UCA, contraviene preceptos plasmados en la Ley Minera actual, que podrían derivar internacionales o contravenciones locales.
Berttis reveló que en la actualidad existen en el Ministerio de Economía 16 solicitudes de licencias para explorar la minería metálica en El Salvador, que aún no han sido concedidas, a la espera de la aprobación de la Ley contra la Minería, o reformas a la actual legislación.
Triunfo político y legal
Los jefes de las fracciones políticas del congreso han ofrecido, y lo dijeron muy en serio el día en que el Clero Católico y la UCA presentaron la propuesta a la Asamblea Legislativa, la semana pasada, que apoyarían la Ley contra la Explotación de la Minería Metálica en El Salvador, que sería la segunda victoria para este país.
El primer triunfo salvadoreño frente a la minería metálica fue obtenido en octubre de 2016, cuando el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, instancia del Banco Mundial (BM), falló a favor de El Salvador en un litigio por la explotación de la mina de “El Dorado”, con Oceana Gold.
El CIADI conminó a Oceana Gold, que adquirió en 2012 Pacific Rim, a pagar a El Salvador más de $ 8 millones por gastos procesales en los que incurrió este país en la defensa del laudo arbitral, que inició en 2009, cuando la transnacional se quejó por un supuesto bloqueo legal para la explotación de la mina “El Dorado”, por el que exigía una indemnización de más de $ 250 millones.
La transnacional inició operaciones en El Salvador en 2002, fecha desde la cual la empresa realiza exploraciones de suelo, aunque no explotación minera en “El Dorado”, labor que no ha detenido.
El presidente del congreso, Guillermo Gallegos, fue el primero en anunciar que la Ley contra la Explotación de la Minería Metálica en El Salvador, sería aprobada “antes de la Semana Santa”.
“Lo digo de todo corazón”, afirmó el también parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quien reveló que es oriundo de Sensuntepeque, capital del departamento de Cabañas.
El legislador opositor, René Portillo Cuadra, cuyo partido político, ARENA, se ha opuesto a legislaciones que atentan contra los intereses privados, dijo que, “con mucha firmeza, nosotros vamos a proteger la vida de los seres humanos” y, por lo tanto, “vamos a dar nuestro apoyo a esta Iniciativa de Ley”.
