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@arpassv
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 29 de marzo la ley que prohíbe definitivamente la minería metálica. 70 votos de todos los grupos parlamentarios avalaron la normativa que libra al país de la nociva industria extractiva, que había sido presentada por la Iglesia Católica, la UCA y comunidades de la zona norte.
El hecho constituye un hito histórico: El Salvador es el primer país de América Latina y del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto.
El memorable acontecimiento es el resultado de 12 años de lucha popular contra la minería y en defensa de la vida, el agua y el medioambiente. Esta lucha, incluso, costó la vida de los ambientalistas antimineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, cruelmente asesinados en junio y diciembre de 2009.
En 2005 la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentó por primera vez una iniciativa de ley. Sin embargo, la moción de prohibir la minería cobró fuerza hasta mitad de 2016 con la resolución del CIADI a favor del Estado salvadoreño y a inicios de este año con la propuesta de ley de la Iglesia presentada directamente por el Arzobispo José Luis Escobar Alas.
La intervención de la Iglesia Católica presionó a la derecha parlamentaria -especialmente al oligárquico partido ARENA- que se negó durante más de una década a sumar sus votos al FMLN, el único partido que impulsaba la célebre normativa.
Ahora, mientras celebran merecidamente el resultado de su lucha, las comunidades y organizaciones de la Mesa deben pedir al Presidente Salvador Sánchez Cerén la inmediata sanción de la ley y advertir a la Sala de lo Constitucional que se abstenga de revertirla en caso de que algún lacayo de las empresas mineras interponga un recurso o demanda.
También es necesario exigir la salida inmediata de Pacific Rim/Ocena Gold (Minerales Torogoz) y el pago de los 8 millones de dólares al gobierno establecido por el CIADI.
Y para mayor seguridad de que la prohibición minera no será revertida es necesario impulsar un reforma constitucional, como plantea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Dicha reforma debe mocionarse ya, para que la actual legislatura la apruebe y la siguiente la ratifique.
Por lo demás, ojalá que -como dijimos en editoriales anteriores- la prohibición de la explotación minera sea la primera de una serie de normativas ambientales urgentes como la ley general de agua, que la derecha legislativa se niega a aprobar debido al interés privatizador de la gran empresa privada que busca hacer negocios con el vital líquido.
Ojalá que los discursos nacionalistas, ambientalistas y cristianos de los grupos parlamentarios expresados durante la aprobación de la ley antiminera fueran consecuentes y avalaran pronto la ley de agua, tal como lo pidió ayer Monseñor Escobar Alas.
