Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones que integran la Mesa Nacional frente a la Minería se pronunciaron ante el peligro que entraña la explotación de la mina Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, propiedad de Bluestone Resources INC, de origen canadiense, que afectaría las aguas al lago de Güija, que tributa al río Lempa en el país.
La Mesa Nacional frente a la Minería señaló, que si bien, el actual presidente de ANDA, Rubén Alemán, descartara en un entrevista que la mina transfronteriza Cerro Blanco, estuviera contaminando las aguas salvadoreñas, reiteraron que las evidencias científicas con las que cuentan revelan dicha contaminación.
El proyecto minero Cerro Blanco ha sido denunciado por su impacto contaminante por organizaciones guatemaltecas y salvadoreñas, que han reiterado que esta explotación de metales preciosos como oro y plata, será a cielo abierto, con el fin de extraer un aproximado de 2.45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata, en un período de 11 años.
Después de cinco años de la legislación que ha prohibido la explotación de la minería metálica en suelo salvadoreño, la amenaza continúa y expone a vulnerar derechos tan sensibles como el derecho humano al agua, a un entorno sano, la salud y la vida de los pueblos y el ecosistema mismo.
“Las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados con sus actividades; una responsabilidad que ahora debe asumir el Estado, a pesar de que las explotaciones fueron autorizadas y realizadas en el pasado”, dijo Mirian Alas, integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería.
“Así operan este tipo de industria extractivas, se aprovechan de los bienes naturales asegurando que desarrollan sus actividades con responsabilidad y armonía con el medio ambiente pero los pasivos ambientales mineros que todavía existen en el país son una prueba irrefutable que su único interés es la explotación dejando en países como el nuestro con una estela de destrucción”, añadió.
Asimismo, Luis González, de la UNES y de la Mesa Nacional frente a la Minería, señaló que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en su artículo 5, establece que el Ministerio de Economía (MINEC) es la autoridad competente en aplicar las disposiciones de la normativa. No obstante, a 5 años de vigencia sus avances en esta materia no han sido significativos, al mencionar que existen 15 pasivos mineros abandonados que se encuentran en abandono en el territorio nacional.
“Estas minas abandonadas deben tener un cierre técnico correcto y adecuado, que contribuya a frenar la contaminación del agua que están provocando, además de otros riesgos que representan para los cultivos de alimentos, la ganadería y la seguridad física de las personas que residen en los contornos”, explicó.
“El MINEC, según el artículo 6, debe coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por al exploración y explotación de minas, a fin de devolverle a la población las condiciones de un ambiente sano, que en cinco años transcurridos los gobiernos en turno no han dado cumplimiento”, aseveró González.
Otro de los obstáculos para controlar y regular la contaminación por la actividad minera de otras fronteras, consideró Omar Flores (FESPAD) integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería, están los presupuestos para el trabajo de las carteras de Estado.
“El presupuesto del MARN y el MINEC , para el presente año, no contempla ninguna asignación presupuestaria para hacer los cierres técnicos de las minas, los procesos de remediación ambiental en los 15 pasivos ambientales mineros que el MINEC determino posterior a la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, dijo.
“Otro punto es que sigan pendientes con el artículo 2 de la ley, referida a la prohibición de la minería artesanal, que se especificaba al MINEC; prohibirla en el año 2019, y crear las condiciones idóneas para las familias que subsistían de este oficio, en su mayoría se tratan de familias que residen en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, sin que se conozcan programas estatales para atender a la población como lo exige la ley”, indicó Flores.
Los integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador (MNFM) , reafirmaron el trabajo que vienen realizando por un Tratado de Aguas Transfronterizas, sin que Cancillería de la República, haya retomado con “seriedad la problemática”, por lo que consideraron que estaban exponiendo al país a una escasez de agua entre las comunidades que comparten fronteras que serían las principales afectadas como la comunidad Pita Floja.
La mina transfronteriza Cerro Blanco solo está esperando que las autoridades guatemaltecas le den autorización a sus informes de impacto ambiental para dar paso a la explotación de metales preciosos, que por ser una “mina a cielo abierto”, implicaría la contaminación de suelos aptos para el cultivo de alimento y exposición de la salud de población ante el impacto al aire y agua.
Un paso importante para frenar la minería metálica en Centroamérica, consideró, MNFM, es la decisión de suspender los permisos ambientales, concesiones mineras en Honduras y Guatemala, con el fin de recuperar el medio ambiente de sus territorios y para El Salvador, cumplir con los artículos 25 referido a la protección y conservación de los recursos hídricos el y 26 que trata de negociaciones y suscripciones de Tratados y Convenios Internacionales en relación a las aguas de una cuenca de drenaje internacional o aguas compartidas de la reciente aprobada Ley General de Recursos Hídricos.
