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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Quienes se dedican a la minería artesanal debían ser incluidos en un proceso de reconversión económica, a más tardar dos años después de aprobada la ley que prohibió la minería metálica en el país. Esto significa que el Estado debía facultarles la transición a una nueva actividad de generación de ingresos.
Sin embargo, este proceso que implicaba censar a la población dependiente de la extracción artesanal de metales, lo que ayer, diversas organizaciones defensoras del medio ambiente y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) manifestaron, quedó en abandono.
El abandono de la iniciativa para formar a los mineros artesanales en otras actividades productivas fue parte de un informe presentado ayer, sobre el seguimiento a las recomendaciones dadas para atender los impactos en los derechos humanos por la explotación de la mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
El pliego de recomendaciones extendidas a ministerios, entidades autónomas, Asamblea Legislativa, gobierno central y municipalidad fue evaluado en cuanto a su cumplimiento por la titular de la PDDH, Raquel Caballero.
El informe indica aún faltan por resolver problemáticas como el abastecimiento de agua potable a residentes del cantón San Sebastián, la deducción de responsabilidad civil y penal por la contaminación en los cuerpos de agua de la zona por el uso de químicos, y la ausencia de alternativas a la minería artesanal para quienes subsisten de esta.
“Las disposiciones consignadas en el artículo 2 de la ley de prohibición no se han hecho efectivas y es parte de la debilidad del reglamento de la ley; el reglamento no habla de un mecanismo de cómo hacer un cierre técnico de mina, el Estado debía acompañar a los mineros artesanales hacia otra actividad productiva, hasta el día de hoy se han hecho acciones pero ninguna es significativa”, comentó Ana Milagro de Medrano, procuradora adjunta para la defensa de los derechos del Medio Ambiente. El reglamento de la ley es ambiguo, señaló Rodolfo Calles vocero de CRIPDES, quien añadió que en ese sentido los mineros artesanales están operando de manera ilegal, por lo que llamó al Estado a definir una política de apoyo para reconvertir su actividad económica.
Luis González portavoz de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) añadió, una de las primeras acciones a realizar tras la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica, debió ser un censo de mineros que determinara que en efecto la actividad minera no representa un medio de ingresos para una gran parte de la población.
González enfatizó, sería factible apoyar a la reconversión económica a un grupo de entre 200 y 400 personas que conforman el sector minero artesanal.
