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@GloriaCoLatino
Valentina Ballesta, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), informó en la Audiencia de Supervisión de Cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún continúan incumpliéndose las sentencias giradas al Estado salvadoreño en los casos de las Hermanitas Serrano Cruz y Hermanos Contreras, así como otros, ocurridos durante el conflicto armado en los años ochenta.
Los casos tratan sobre la desaparición forzadas de 8 personas entre niñas y niños, ocurridas en la conocida “Guinda de Mayo” que el ejército salvadoreño obligó a través de una campaña militar denominada “Operación Limpieza, en junio de 1982. Y que pese, a las sentencias de la Corte IDH, aún no existen personas sancionadas.
La Asociación Pro-búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusieron los obstáculos para avanzar en las experticias para la ubicación. Entre los que incluyeron la ausencia de un presupuesto para investigar las desapariciones forzadas; la falta de especialización de quienes llevan estos procesos y el desconocimiento sobre la violación de los derechos humanos que sufrió la población durante el conflicto interno.
“Pese a que la primera sentencia fue emitida hace más de 11 años, no hay voluntad política por parte del Estado, para investigar y sancionar a los y las responsables”, dijo Valentina Ballesta.
Además, las organizaciones abordaron el tema del funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene como fin encontrar a las víctimas de desaparición forzada, que según expusieron su efectividad contrasta con la ineficacia en los resultados de parte del Ministerio Público.
Otra de las medidas ordenadas por la sentencia es la creación del Banco de Perfiles Genéticos que se emplearían para la identificación de personas desaparecidas durante el conflicto, que no se ha implementado.
Eduardo García, director de Pro-búsqueda, afirmó: “Sin esto no podremos identificar a las víctimas, ni reunir las familias fragmentadas producto de estas violaciones”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, constató el retraso en el cumplimiento de la sentencias y solicitó al Estado salvadoreño información precisa sobre los tiempos y las acciones a seguir, para hacer efectivas las reparaciones. Y tomó nota de la solicitud de la CEJIL y Pro-búsqueda, de nombrar a un oficial de las Fuerzas Armadas con capacidad de facilitar acceso a la información de interés para estos casos.
“En 24 años aún no pudimos encontrar la reconciliación. Se les niega esta posibilidad a las familias y no tenemos tiempo para buena voluntad. Pedimos ponerle un alto a esto y que tengamos un plazo perentorio para el cumplimiento de estas sentencias”, argumentó Eduardo García.
