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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro afirmó este martes que la oposición en la Asamblea Legislativa pretende entregarle a gremiales de la empresa privada el control del consejo directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), un poder con el que los empresarios contaban antes, según el funcionario. El FMLN desmiente la acusación.
Tal decisión, dice el Ministro Castro, implicaría una virtual privatización del Seguro Social, asegura el funcionario.
“Hoy consideran que están en desventaja y por eso hoy plantean, allá donde tienen a sus empleados, en la Asamblea Legislativa: amplíennos (el poder de decisión)”, ilustró el titular de la cartera de Trabajo.
Según Castro, ahora tanto las instituciones de Gobierno como la representación laboral en el Consejo Directivo del ISSS responde a los derechos de los derechohabientes y de la población en general, mientras que antes respondían a los intereses empresariales.
“Hoy las cosas cambiaron; primero, quien nombra con total independencia, porque así lo dice la ley, es el presidente de la República, y los trabajadores han tomado en el consejo una actitud de defender al derecho habiente y a la clase trabajadora”, agregó Castro.
Diputados de diferentes partidos catalogaron las versiones surgidas desde el Gobierno como cortinas de humo con las cuales se pretende desviar la atención a una serie de investigaciones contra la actual administración.
Las legisladoras del FMLN, Rina Araujo y Elizabeth Gómez rechazaron las afirmaciones del ministro Castro y del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ayer publicó tal aseveración en su cuenta de Twitter.
Ambas diputadas rechazaron las acusaciones. Gómez pidió al mandatario que mejor explicara porqué sus funcionarios dieron por recibidos un lote de ventiladores mecánicos descubiertos por el FBI en Miami.
Por otra parte, el ministro insistió en las dificultades que, a su juicio, enfrenta el Gobierno, debido a que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales e ilegales varias decisiones tomadas por el gobierno durante la pandemia de COVID-19.
“Deseábamos tener una reapertura económica gradual, ordenada, seria y responsable, pero nos quedamos sin asidero legal, con la Asamblea no hay muy buen entendimiento y la realidad es que hemos tenido una reapertura desordenada”, dijo Castro.
Asimismo, recalcó que el Gobierno da seguimiento muy de cerca al funcionamiento del sistema de transporte de pasajeros, uno de los principales focos de transmisión del coronavirus.
“El transporte colectivo es uno de los nexos epidemiológicos más elevados, afortunadamente los empresarios se han comprometido a aplicar todos los protocolos necesarios para garantizar la salud de la población”, dijo el ministro.
