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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Al menos intentamos cumplirlo”, fueron las lacónicas palabras del juez Jorge Guzmán, cuando un militar de apellido Vanegas, bloqueó el ingreso a los archivos militares para investigar y compilar documentos relacionados con la “Operación Rescate”, que culminó con la masacre de El Mozote y lugares aledaños en diciembre de 1981.
Con la negativa a abrir estos archivos de la Fuerza Armada, de la década de los años ochenta, se suman tres administraciones diferentes que no han facilitado acceso a la justicia de víctimas sobrevivientes y familiares, cuyo operativo militar cobró la vida de alrededor de mil personas y que ha sido calificado como un crimen de Lesa Humanidad y uno de los más impactantes en la historia del Siglo XX.
“Son el poder tras del trono, y los Acuerdos de Paz nunca lograron cambiar esto, esperamos que los países que vean estas noticias, hagan presión al gobierno para que cambie esta situación en el país”, dijo Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
El juez Jorge Guzmán había girado “medidas cautelares” para que no se tocaran o movilizaran los archivos de las guarniciones militares, además de girar una orden para la diligencia judicial de inspeccionar y recuperar documentos que servirán en la prueba documental de El Mozote y sitios aledaños. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, según una investigación periodística, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la no apertura de los archivos, pese a que el presidente Nayib Bukele públicamente señaló a las víctimas que tendrían acceso a estos total de la “A a la Z”.
Irónicamente, mientras el ministro Merino Monroy acompañaba al ministro de Salud, Francisco Alabí, en San Francisco Gotera, Morazán, el juez que preside el Juzgado de Instrucción en ese municipio estaba en San Salvador.
“Ya ven como funciona la ley en el país, lo que sucede en el aeropuerto, es violatorio de la Constitución de la República; lo que ha ocurrido acá, no respetar al sistema judicial, entonces, estamos ante una dictadura claramente”, señaló Ovidio González.
Para ir a juicio por la Masacre de El Mozote y sitios aledaños hay suficientes elementos. “Lo que ha quedado demostrado aquí, es la capacidad inquisitoria que tiene la Fuerza Armada, sobre un juez que dio una orden judicial que intenta juzgar a un grupo de militares de alto rango, en la década de los años ochenta y que integran el Alto Mando de la FAES”, agregó.
David Morales -director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL- indicó que el bloqueo al juez y sus auxiliares que iban acompañados por miembros de la Fiscalía General de la República, y peritos de la parte procesal a los archivos históricos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, se trata de una desobediencia de una orden judicial.
“Esto no puede ser más que una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel, es decir, el comandante General y presidente de la República, Nayib Bukele; el ministro de la Defensa, Merino Monroy, y el Alto Mando, que decidieron no dar acceso a los archivos militares. Es una decisión ilegal y que tiende a proteger criminales de guerra y un profundo desprecio a los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes”, indicó Morales.
Asimismo, lamentó que el presidente Bukele, contradijera su propio discurso de “apertura” y que “se convierta en un presidente más de la impunidad”, acotó Morales.
Como parte acusadora en el proceso penal, junto a Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Morales manifestó que van a esperar a tener contacto con el tribunal para firmar el acta correspondiente a la fallida orden judicial.
“Esperamos que se certifique a la Fiscalía General de la República de lo sucedido esta mañana (ayer 21 de septiembre) y se deduzca responsabilidad sobre varios delitos como incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia de una orden judicial”, puntualizó.
Veteranos defienden archivos
Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador marcharon hasta las instalaciones del Estado Mayor para defender la apertura de los archivos militares, tal como el juez de Instrucción de San Francisco Gotera ha ordenado.
“Hemos venido en defensa de nuestros archivos que están en manos del Ministerio de Defensa, y en apoyo a los camaradas que vistieron el verde olivo y condujeron la guerra de este país. Estos señalamientos que está haciendo de crímenes de Lesa Humanidad ya prescribieron”, sostuvo el subsargento Ricardo González, presidente de la Asociación de Veteranos de la FAES.
Estos veteranos culparon al gobierno salvadoreño de permitir la apertura de los archivos y entregársela a las organizaciones de “fachada”. “No puede venir cualquier tonto a querer venir a retirar los archivos. Están en custodia y estamos los veteranos para defender que no se los lleven”, agregó el militar en calidad de retiro.
Los militares rechazaron que un juzgado trate de abrir los archivos por el caso El Mozote, sin embargo, reconocieron que la FAES debe respetar las vidas humanas de los salvadoreños, ya que se debe a ellos. “No podemos abrir heridas, tenemos que unirnos y que queden saldado esos señalamientos. Si es de abrir heridas tendrían que estar otros del FMLN”, dijo.
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