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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El titular del Ministerio de Gobernación, Mario Durán manifestó que no existió militarización en la Asamblea Legislativa, cuando la tarde del domingo agentes de la UMO y miembros del ejército ingresaron al Salón Azul, de la Asamblea Legislativa, durante la convocatoria del Consejo de Ministros para la sesión extraordinaria que buscaba aprobar el préstamo de $109 millones de la fase III del Plan Control Territorial.
El ministro de Gobernación explicó que, debido a la presencia del presidente de la República, Nayib Bukele, en el recinto legislativo, se realizó el despliegue de la UMO y parte del batallón presidencial, para salvaguardar la vida del mandatario, así como brindar seguridad al edificio legislativo; una vez se retiró el presidente, también se fueron los elementos de seguridad.
“Lo que hubo fue un despliegue de la UMO, como se da en cada manifestación o acciones al aire libre, que es parte del protocolo de la policía y del Batallón Presidencial, que estaba protegiendo la vida del presidente. Había gente de la seguridad y eso es típico; con cualquier presidente, al desplegarse al aire libre, se van a encontrar militares, francotiradores, despliegue de la policía y seguridad”, aseguró el funcionario.
A criterio de Durán, no se ha alterado el orden que dicta la Constitución de la República, ya que el pasado domingo se llevó a cabo una concentración donde los salvadoreños exigieron a los diputados aprobar los fondos para la III fase del Plan Control Territorial, que pretende dotar del equipo necesario a los soldados y policías.
“La sesión plenaria convocada por el Consejo de Ministros fue algo constitucional, se basa en el artículo 167, numeral 7, de la Constitución de la República. Yo recomiendo y espero que los diputados legislen a favor del pueblo salvadoreño”, recalcó.
Mientras tanto, el fiscal General de la República, Raúl Melara dijo que no puede determinar si hubo delito en las acciones de la Fuerza Armada; sin embargo, consideró una presencia exagerada del ejército al interior de la Asamblea Legislativa para dar seguridad al mandatario.
“Estos son momentos que no se deben volver a repetir, el país está para avanzar y no para retroceder; la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil deben de medir sus actos, no es posible que el país vuelva a vivir épocas que ya creíamos superadas. Este es un llamado serio y que deben de tomarlo muy en cuenta, hicieron ver mal a sus elementos y a su institución”, destacó el titular de la fiscalía.
Amnistía Internacional indicó que el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador, y genera una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos.
El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales lamentó someter a la Asamblea Legislativa al poder militar y cuestionó si el objetivo fue amedrentar a los diputados. “Ojo, están transgrediendo la ley e incurriendo en responsabilidad ¿en serio consideran legal esta operación?”, recalcó.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) también se unió a las reacciones y señaló que, a 28 años de los Acuerdos de Paz, es preocupante la presencia de la Fuerza Armada y la PNC dentro de la Asamblea Legislativa.
Según Jim McGovern, congresista Demócrata de Estados Unidos, el ejército y la policía deberían regresar a los cuarteles y no involucrarse en asuntos políticos. Señaló que la muestra de fuerza hace eco de “los días más oscuros de la historia de El Salvador”. Para el funcionario estadounidense, los salvadoreños han sacrificado mucho por las instituciones democráticas y “cualquier acción para socavarlas es simplemente inaceptable”. “Estoy observando de cerca la crisis política en El Salvador. Una base de la democracia es el respeto por la separación de poderes y la resolución de disputas políticas a través del diálogo, no por la fuerza”, escribió en su cuenta de Twitter.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que el país resuelva pacíficamente la actual crisis y respetar la separación de poderes y la Constitución. El diálogo, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho son condiciones fundamentales para las obligaciones internacionales de Derechos Humanos.
