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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reveló que, a la fecha, de las 72 mil personas capturadas en el régimen de excepción, se han liberado a más de 7 mil personas, ya que no se les encontraron vínculos con pandillas.
El régimen de excepción fue impuesto el 27 de marzo del año pasado luego de un repunte en los homicidios; la medida se ha caracterizado por violentar los derechos humanos de miles de personas que nada tiene que ver con pandillas, como los siete mil liberados, según el ministro Villatoro.
En la entrevista, Diálogo con Ernesto López, el ministro hizo mención sobre las capturas y las investigaciones que las autoridades realizan, “de nuestra parte, a la fecha son un poco más de 7 mil, los que han sido liberados de estos más 72 mil (capturados), quiere decir que el sistema de justicia está funcionando”, dijo.
“Ninguna policía del mundo captura solo a culpables, porque si eso fuera así, solo por el hecho de que te capture la policía, tú eres culpable”, explicó el funcionario para tratar de argumentar las detenciones arbitrarias que las autoridades han hecho a escala nacional. Villatoro agregó que la actuación policial está sometida al control de la Fiscalía General de la República y ambas instituciones están sometidas al control judicial; “con estos 7 mil es lo que estamos viendo, ese control sobre la actividad policial que hace la Fiscalía y que están sometidas y así como han estado saliendo estos más de 7 mil personas”, dijo.
La defensora de derechos humanos, Zaira Navas, explicó que parte de esos 7,000 inocentes detenidos/as arbitrariamente estuvieron por más de un año en la cárcel, sin investigación previa; adquirieron enfermedades graves y no fueron atendidos, los golpearon y torturaron “¿y sus hijos, sus trabajos? ¿Quien responde por esas detenciones injustas?”, cuestionó.
De hecho, ese planteamiento es que diversos sectores critican al Gobierno, pues personas que nada tienen que ver con pandillas son arrestadas y violentan sus derechos humanos, mientras el Estado los señala de pandilleros. El Estado no ha ofrecido disculpas públicas sobre lo que pudo ocasionar dentro de las cárceles. Docenas de personas inocentes detenidas no cuentan con la misma suerte, ya que, debido a las negligencias estatales, fallecen sin mayores explicaciones por parte del Gobierno. Así lo ha documentado la Fundación Cristosal, más de 150 personas han fallecido dentro de los centros penales luego de torturas.
Mientras tanto, el gobierno ha manifestado que dejará de utilizar el régimen de excepción hasta cuando el último pandillero sea capturado.
