@RosmeriAlfaro
Los ministros de Seguridad Pública y Defensa Nacional de los países del triángulo norte, El Salvador, Guatemala y Honduras afinaron mecanismos efectivos en la lucha contra el crimen.
Los ministros de las tres naciones se reunieron este día con el objetivo de analizar las estrategias y acciones que se deben impulsar de manera coordinada para combatir la delincuencia que afecta los tres países.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador Mauricio Ramírez Landaverde afirmó que los tres países no están solo bajo la amenaza de estructuras de pandillas que cooperan en la región sino en otras expresiones de criminalidad organizada transnacional como la narcoactividad, el tráfico ilegal y la trata de personas. “Particularmente, en El Salvador, por el robo de vehículos y la comercialización de estos en otros países de la región, y el tráfico ilegal de armas de fuego”, dijo.
Según el ministro, el encuentro es para identificar qué hacer y tomar acciones más efectivas en el combate y prevención de la delincuencia ante la problemática que se está viviendo en la actualidad.
“Ésta no es una acción nueva, ya que la región ya impulsa actividades de carácter regional de coordinación y cooperación. De lo que se trata acá es de hacer algo particular para el triángulo norte”, expresó el ministro de justicia.
Agregó que aunque los tres países son parte de las conferencias de Fuerzas Armadas de Centroamérica y la Comisión de jefes y directores de policía de la región, en el que llevan un plan regional contra el crimen organizado, en la reunión lo que se busca es afinar mecanismos para mejorar la seguridad y brindarle tranquilidad a los ciudadanos de los tres países.
En el caso de El Salvador, las medidas extraordinarias que se han tomado para el combate de las pandillas, dijo Landaverde, podrían afectar la seguridad de otros países, así como las acciones de otro país pueden afectar a la población salvadoreña, por lo que es necesario identificar conjuntamente qué se debe impulsar para que no sea afectada la seguridad de los ciudadanos ante las medidas que otra nación adopte.