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Yaneth Estrada
@caricheop
El ministro de Salud, Francisco Alabí informó que autorizaron al sector privado la atención de pacientes COVID-19, y por lo tanto también la toma de pruebas.
“Para ello, hemos establecido todos los lineamientos que deben cumplir, basado en las necesidades reales de esta pandemia”, manifestó.
Asimismo, agregó que los lineamientos establecen que la única prueba autorizada es la de PCR en tiempo real, ya que las pruebas rápidas no presentan la sensibilidad adecuada para la detección del COVID-19.
Tras la autorización, el Colegio Médico de El Salvador aseguró, a través de un comunicado que, “han insistido desde el principio de este emergencia en la necesidad de echar mano de todos los recursos con los que contamos, esto incluye permitir a la red privada de laboratorios y hospitales que puedan atender casos de COVID-19, así al tener mayor recursos a disposición de la población también se contribuye en disminuir la saturación del Sistema Público de Salud”.
En este sentido, celebran la decisión del Ministerio de Salud, “ya que estamos seguro será de beneficio para toda la población y mejorará la atención en este emergencia. Por otro lado, instan en la necesidad de aplicar una vigilancia epidemiológica efectiva basada en datos reales y confiables para poder tomar mejores decisiones de salud pública de cara la pandemia.
Los contagios
El COVID-19 sigue su vorágine de contagio, con 4,808, hasta este 22 junio; mientras que los casos activos suman 2,027, son superados por los recuperados que totalizan 2,674, de estos 19 salieron este lunes.
Con la apertura económica parece que los contagios locales que suman 4,572 van en alza, mientras los importados se han quedado en 236.
Y los casos sospechosos son 4,314, luego de la realización de 142,886 pruebas. Es de destacar que el género masculino tiene más pacientes con 3,080, mientras que en el género femenino la afectación es de 1,728.
Investigan compras del MINSAL
De la compra de insumos al exdirector del FONAES, el funcionario aclaró que están dispuestos a colaborar con otras instituciones para investigar el caso, que ya dejó la destitución y eliminación de la candidatura de Koky Aguilar.
Según denuncias, el Ministerio de Salud le compró de 400.000 protectores faciales reciclados a Aguilar, los cuales tendría precio sobrevalorado de un 121 %, pues se pagó $2.50 por cada protector cotizado originalmente en $1.13.
Alabí comentó que la compra no está designada a una persona, sino un equipo y que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado documentos, solo la Asamblea Legislativa, pero están dispuestos a colaborar.
Ayer mismo, Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (ALAC) presentó ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una denuncia contra el actual ministro de Salud, Francisco Alabí, por haber incurrido en la transgresión del deber ético indicado en el artículo 5, lit. “b” de la Ley de Ética Gubernamental.
