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Yaneth Estrada
@caricheop
Con más de siete denuncias por corrupción y 27 procedimientos por irregularidades en la FGR durante la cuarentena domiciliaria obligatoria, el Ministerio de Salud (MINSAL) agregó una más al declarar la reserva total de información relacionada con la aplicación y compra de vacunas contra la COVID-19. Esta reserva durará entre de 3 a 5 años.
El índice de Información Reservada del Minsal, actualizado el pasado 11 de marzo en su sitio de transparencia, asegura que la información de los “Procesos de adquisición de vacunas contra el SARS-Cov-2” estará bajo reserva durante 5 años.
El acceso público al “Plan Nacional de Despliegue de Vacunación” contra SARS-Cov-2” y el “Registro de cabinas destinadas a la vacunación contra el SARS-Cov-2” estarán bajo reserva durante tres años.
Además, las unidades responsables, de acuerdo con el documento, son la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención, el Centro Nacional de Biológicos (Cenabi) y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones (CAPI).
La cartera de Salud justificó la acción que va contra la política de transparencia en el literal D del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual explica que es información reservada “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Reacciones, disposiciones y dosis
“Hay señales que nos muestran la utilización de la herramienta de la “reserva” como un mecanismo de ocultamiento de información que es de carácter público”, explicó Eduardo Escobar en el foro virtual: “limitaciones al derecho de acceso a la información pública y oportunidades de mejora”.
Para el doctor e infectólogo Iván Solano Leiva “como médico lamento el hecho de que no se brinde la información adecuada, técnica. Porque el conocer como se está ejecutando el Plan de Vacunación y cómo se ha administrado, permitiría que expertos externos e independientes pudieran evaluar si está haciendo un bien manejo en la implementación de estos”.
Esta disposición del MINSAL riñe directamente con la resolución 01/2020, de la CIDH donde se establece en el numeral 32 que los Estados americanos deben asegurar el derecho al acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el coronavirus.
“Los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en forma de datos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, recalcó la CIDH.
Esta resolución fue emitida el 10 de abril de 2020.
Hasta la fecha, El Salvador ha recibido tres lotes de vacunas contra el SARS-Cov-2, de éstas los dos primeros envíos fueron de la marca Astrazeneca y el tercero de Pfizer-BioNTech. Además, se adquirieron vía India y los dos últimos de la iniciativa COVAX.
El primer lote llegó el pasado 17 de febrero y contó con 20,000 dosis, mientras que el primer envío del programa COVAX contenía 33,600 dosis, y el 11 de marzo llegó el tercer lote de 51,000 dosis.
