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Yaneth Estrada
@caricheop
Ante las reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para garantizar el respeto a derechos constitucionales a siete meses de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Ministro de Salud, Francisco Alabí, insiste en que “el Código de Salud establece que el Ministerio de Salud tiene las facultades para intervenir en un lugar para garantizar el bien de la población basado en una situación sanitaria”.
Sin embargo, el 6 de junio de 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que “ninguna ley de emergencia ampara la imposición de dichos cordones sanitarios”, los cuales responden a un decreto ejecutivo. “No se puede argumentar que hay violaciones legales al establecer un cerco sanitario, nosotros hacemos reportes para la institución, nosotros emitimos los resultados de nuestras estrategias y esa documentación está disponible para quien lo requiera”, manifestó el ministro.
Asimismo, el titular de salud añadió que “no podemos poner al personal de salud a resguardar un cerco sanitario, es por eso que nos apoyamos en la Fuerza Armada”.
El rechazo de expertos
De acuerdo a la abogada y catedrática de la UCA, Ruth López, «la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 21-2020, del 6 de junio de 2020, declaró inconstitucional el decreto 101 del Órgano Ejecutivo que establecía un cerco sanitario para el municipio del Puerto de La Libertad, por lo que si en el caso del municipio de Corinto se emite un decreto similar, limitando la movilidad, sería inconstitucional».
“Recordemos que la Sala estableció en dicha sentencia que el Ejecutivo quedaba inhabilitado para replicar los aspectos señalados como inconstitucionales en esa sentencia y que de hacerlo esas disposiciones no producirán efecto jurídico constitucional alguno. Si se reprodujeran los vicios de inconstitucionalidad creo que la Sala debiera certificar a la FGR el incumplimiento de su resolución, lo que podría constituir un delito de desobediencia establecido en el artículo 322 del Código Penal”, recalcó la experta.
Por su parte, el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, quien ha implementado el cerco epidemiológico inteligente en el municipio de San José Villanueva, departamento de la Libertad -cuyo resultado ha sido positivo para la población- dijo que “el problema del cerco sanitario implementado en el municipio de Corinto es la utilización de la Fuerza Armada para abordar un tema de salud”.
También el Foro Nacional de Salud y la Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud recomienda al Estado Salvadoreño “respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional y evitar hacer llamadas de aliento a la PNC y Fuerza Armada de El Salvador”.
San Miguel y San Salvador
El presidente de la República, Nayib Bukele, descartó la imposición de un cerco sanitario en San Miguel, ya que la muestra realizada unos días atrás demostró que el nivel de contagio en la perla de oriente es de 6.8%. “no se instalará un cerco sanitario en San Miguel por ahora”, dijo el mandatario.
Para este lunes, el presidente reportó 68 nuevos casos de COVID-19 en San Miguel, de las mil pruebas realizadas. No obstante, se realizarán otras mil pruebas en una semana para reconfirmar esta baja. “La situación en oriente parece ser grave, pero no es irreversible. Todo depende de nuestra responsabilidad personal. Usemos mascarilla siempre, cubriendo boca y nariz, cuando estemos en lugares públicos, lavémonos constantemente las manos o utilicemos alcohol gel”, recomendó.
Por otro lado, el presidente Bukele ordenó la realización de tres mil pruebas de PCR en San Salvador, las cuales serán aplicadas en tres días, con un promedio de mil diarias. “Eso nos dará un panorama de cómo está el centro neurálgico de nuestro país y si el problema está o no aislado en oriente”, dijo.
Hasta la fecha, el país registra 27,954 casos de COVID-19, de los cuales 5, 027 se encuentra activos, 814 fallecidos y 22, 113 personas han superado la enfermedad.
