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Luis Armando González
En las distintas conversaciones que hemos tenido varios amigos y colegas en estos días, han salido a relucir nuestras preocupaciones por la situación actual del país y del mundo, en el marco de la crisis suscitada por el coronavirus. Para ordenar un poco sus opiniones y las mías, les propuse responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la problemática más importante en el momento actual, visto desde tu especialidad académica o profesional? Gentilmente, cada uno de ellos me escribió sus reflexiones en un texto breve. Comparto sus reflexiones, junto con mi propia respuesta, en las siguientes líneas. Por límites de espacio solo interrogué a cuatro colegas, pero sería interesante recoger muchas más respuestas a esa pregunta o a preguntas semejantes.
Luis Armando González (profesor universitario): “Reconociendo que no se trata de una pregunta de fácil respuesta, al meditar sobre ella, mi respuesta es que uno de los principales problemas en el momento actual es la visualización de los diferentes aspectos involucrados en las decisiones que se están tomando para paralizar (o reducir drásticamente) las actividades sociales y económicas. Es complicado, o incluso imposible, tener una visión completa de todos los aspectos en juego, porque toda decisión trae aparejadas consecuencias no previstas (y no queridas) de antemano. Sin embargo, hay algunas que sí pueden serlo, y son esas las que deben atacarse con las decisiones o acciones pertinentes. Pongo un ejemplo, entre otros. Muchas familias están viendo reducidos sus ingresos (o los han perdido totalmente) en estos meses, y es probable su situación siga así en los meses posteriores. Pero tienen, además de necesidades de alimentación, compromisos de pago por servicios o deudas adquiridas. En el caso de deudas con el sistema financiero, los bancos harán todo lo que puedan por cobrarse lo adeudado. Fue lo que sucedió con el cobro que hizo un banco sobre los $300 de ayuda dado por el Gobierno. Cualquier ingreso que las personas endeudadas perciban será blanco fácil de las arremetidas del sector bancario, y lo mismo sucederá (y quizás ya esté sucediendo) con los pocos ahorros que algunas personas tienen para paliar las dificultades post crisis del coronavirus. Este es un aspecto que debe contemplarse por parte de las autoridades estatales, pues no se puede dejar a los ciudadanos así de expuestos a la voracidad bancaria. Si hay un sector que puede esquilmar a la gente, ese es el sistema financiero; las medidas de prevención y de sanción de cualquier abuso bancario sobre el escaso patrimonio de las personas debe ser sancionado con dureza, pero para ello deben fijarse los mecanismos legales y de vigilancia correspondientes. Desde el Estado, se debe asegurar que, ante cualquier abuso, los ciudadanos no se queden solos frente a los bancos, porque estos cuentan con los procedimientos y recursos suficientes para doblegar a las personas”.
Rommel Rodríguez (economista): “La crisis por el COVID-19 ha puesto en jaque al modo de producción capitalista, en la medida que ha hecho ver al capital –a sus representantes, más bien dicho— que para la acumulación de riqueza y la realización de las mercancías se requiere, inexorablemente, del factor trabajo –o más bien dicho- la “fuerza de trabajo”. Ahora un virus ha provocado que ese factor trabajo, que es el que genera verdaderamente valor durante el proceso de producción, esté confinado, y si no hay incorporación de valor no hay, pues, incremento de riquezas. De ahí que en 2020 las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo sean negativas o en el mejor de los casos levemente superiores a cero. En el plano fiscal la situación es sumamente complicada, en virtud de que, después de la crisis financiera de 2008, muchos países tuvieron que acumular deuda para salir adelante, y nunca regresaron a los niveles de deuda baja que tuvieron previo a ella. Los Estados responsables que garantizan derechos fundamentales mediante sus presupuestos públicos, como lo es una educación, salud y servicios públicos de calidad, gastan una fuerte cantidad de recursos; pero la caída en la producción, y, por tanto, de la recaudación tributaria –que es la mayor fuente de financiamiento de los presupuestos en época normal— dará paso a financiar los presupuesto sobre la base de deuda pública, lo cual hará que aumenten todavía más los niveles de endeudamiento. Tarde o temprano se tendrá que pagar con más impuestos y/o recortes en servicios públicos, por más que muchos gobiernos mencionen “que no había más que hacer”. A menos que haya un gran acuerdo internacional en el cual se condone parte de la deuda de los países, se den bajas considerables en los tipos de interés o un aplazamiento de pagos sustancial, tendremos Estados que verán cómo cada centavo del erario es disputado entre el pago del servicio de la deuda, gastar en servicios públicos o atender la deuda previsional –para ser muy concretos en el caso de El Salvador-. El impacto económico de la crisis del COVID-19 comienza a visualizarse, pero los alcances definitivos de esta dependerán de si existen o no unos mecanismos de desconfinamiento seguro que evite rebrotes del virus. Hay que recordar que el trabajo es un derecho, y este derecho se ve limitado por los Estados para evitar la propagación del virus, pero la vigencia de este derecho en tiempos normales es la que permite la provisión de ingreso a los hogares para su manutención. Dicho de otra forma, y sin ambages, estamos también frente a que el excesivo confinamiento ponga en riesgo, después del COVID-19, la reproducción de la vida, ya que el hambre también mata. En este sentido, la FAO ha anunciado riesgo de hambruna por la caída en la producción mundial agrícola por el confinamiento”.
Oscar González Márquez (investigador social): “Una de las principales problemáticas en el área de la comunicación es la que tiene que ver con los contenidos desinformativos, falsos o engañosos (generalmente denominados como fake news, aunque la categoría que ya está siendo cuestionada). El riesgo que se corre en este caso es que esas noticias falsas pueden llegar a generar incertidumbre o pánico. Ahora bien, emparentado con esta información falsa, que generalmente procede de fuentes poco o nada confiables, está la información procedente de fuentes con cierto grado de credibilidad (para algunos más, para otros menos), que promueven las omisiones (no se nos dice todo o se insinúa que se guarda algo), el alarmismo (dice algo exagerado y sin fundamentarlo) y la trivialización (lo serio es disminuido para dar paso a lo banal).
Esta desinformación, además, se sostiene bajo el sustento de la llamada coolture, en la que el peso de lo dicho recae en la popularidad (y no en la argumentación); en la que funcionarios pasan a ser una especie de celebridades; en la que los ciudadanos asumen el rol de fans o se convierten en una especie de zombies”.
Lucio Reyes (sacerdote): “Nuestro país, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por una sistemática violación a los derechos humanos de los sectores en condición de vulnerabilidad, por parte de los distintos órganos del Estado o de los grupos de poder que han actuado bajo su aquiescencia. Esto significa que existe una cultura de irrespeto a los derechos humanos, que se ha legitimado bajo diferentes causas, en nuestro caso la pandemia del COVID-19. En este sentido, se puede decir que: 1) Ha quedado demostrado la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, en cuanto que, cuando está en riesgo un derecho, se limita o se violenta un derecho determinado, en este caso la vida y la salud; hay una afectación inmediata de los demás derechos, como la libertad, el trabajo, la alimentación etc. En este sentido, se requiere la asesoría idónea, para evitar un planteamiento simplista a la hora de limitar un derecho humano determinado. 2) En esta crisis se ha visibilizado la posibilidad de que comportamientos represivos afloren en la Fuerza Armada y en algunos miembros de la Policía Nacional Civil, recordándonos las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado por parte de las antiguas fuerzas armadas y los excuerpos de seguridad. En este corto tiempo, se ha sometido a una fuerte presión al Estado democrático, con indicios de violaciones a derechos humanos fundamentales. Por tal motivo, es necesario repensar el carácter y la naturaleza de instituciones que con facilidad muestran una vocación represiva. En este sentido, es necesario que nos preocupemos por nuestra policía; por su papel en la protección y cuido de los ciudadanos. Una policía que fue creada, a partir de 1992, con el espíritu de ser una institución profesional, respetuosa y garante de los derechos humanos”.
Carlos Mauricio Hernández (científico social): Aspectos problemáticos han aparecido a raíz de la polémica suscitada con Costa Rica, cuyo Gobierno respondió a los comentarios vertidos por el presidente Nayib Bukele sobre el manejo de la pandemia en aquél país. Las voces ticas destacaron tres cosas dignas de consideración: respeto a la institucionalidad, respeto a los derechos humanos y una respuesta científica a la pandemia. Considero no es casual ni mera coincidencia la mención a estos elementos, sino reflejo que la respuesta tica fue fruto de un análisis con el que coincido. La respuesta del Gobierno salvadoreño a la pandemia ha tensionado la institucionalidad. Que el presidente de la República desacate lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, que sus funcionarios no se sometan a procedimientos legales como la de asistir a un citatorio de la Fiscalía General de la República, la reciente actuación de la Asamblea Legislativa calificada por muchos como un “madrugón”, la intolerancia con el periodismo crítico, abusos de autoridad de agentes de la policía y de militares, entre otras expresiones de este tipo que se ha registrado durante toda la emergencia, son reflejo que El Salvador está en una grave crisis de institucionalidad. Por ahora no hay indicios de que, en el corto plazo, se cambiará de rumbo. Queda esperar si la presión internacional hace efecto o, si al terminar la cuarentena (o antes), se da una presión interna que obligue al Ejecutivo a respetar las reglas impuestas por la Constitución. También, hay indicios de prácticas antiderechos en distintos ámbitos estatales y sociales. No se puede identificar a los defensores de los derechos humanos de defender delincuentes y otros epítetos propios que ignoran aspectos teóricos básicos de derechos humanos.
Las consecuencias de esa visión ya han generado ataques viscerales a defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos. Para la imagen del país y para el bienestar de las mayorías, no es positivo que se incuben actitudes y comportamientos antiderechos, ya que ello es una vuelta a las prácticas y actitudes más nefastas del siglo pasado. Por último, quienes menos voz y poder de decisión han tenido frente a la epidemia son los miembros del sector científico. Ni siquiera el ministro de Salud ha tenido protagonismo para explicar de qué trata este nuevo virus y de las medidas que se deben tomar con base en la ciencia médica y otras ramas relacionadas. El silencio relativo de la comunidad científica ha dado la pauta a la desinformación generalizada y a decisiones precipitadas y erráticas. La defensa de la ciencia y del conocimiento científico está a la orden del día, al igual que el respeto de los derechos humanos, la tolerancia y la crítica pública.
