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Tegucigalpa/AFP
Altos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron este lunes una visita a Honduras para conocer los desafíos que afronta este país centroamericano golpeado por la violencia, no rx informaron fuentes gubernamentales.
La visita ocurre en momentos en que la violencia del crimen organizado, tadalafil el narcotráfico y las pandillas ha rebasado las capacidades del Estado hondureño, al punto que el país ocupa el primer lugar en homicidios en el mundo, con 79 por cada 100.000 habitantes en una población de 8,6 millones, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
La delegación, encabezada por la presidenta de la CIDH Tracy Robinson, «se reunió con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado», indicó la cancillería en un comunicado.
El ente de la Organización de Estados americanos (OEA) había anunciado la visita de cinco días para «observar la situación general de los derechos humanos» en Honduras, para lo cual irá a Tegucigalpa, el puerto caribeño de La Ceiba, Bajo Aguán (noreste) y San Pedro Sula, la segunda ciudad del país.
San Pedro Sula, La Ceiba y la capital son los principales escenarios de actuación del crimen organizado, mientras el Bajo Aguán, 600 km al noreste de Tegucigalpa, vive fuertes enfrentamientos entre campesinos y guardias de terratenientes que desde 2010 han dejado cerca de 150 muertos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo en un comunicado que la visita «demuestra su particular interés e inquietud por la situación de Honduras», donde «a partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009 la institucionalidad democrática continúa fragilizándose».
Denunció que la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas entonces se mantienen impunes, sin sanciones para las estructuras de poder, como la Corte Suprema de Justicia y el ejército, que facilitaron el golpe que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya.
Según Cejil, «paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil», con diversas instituciones públicas dirigidas por militares, como las oficinas de Migración, Aeronáutica Civil y la empresa de telecomunicaciones.
«Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos», deploró.
En el primer encuentro, la misión de la CIDH se reunió con autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Coordinación del Gobierno, de la Presidencia; Derechos Humanos y Justicia, Seguridad y Defensa, así como de la fiscalía y las Fuerzas Armadas.
