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Miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería advierten sobre intento de implementar la “minería verde·” en el país y exigieron a los diputados respetar la integridad de la actual Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Foto Diario Co Latino.

MNFM denuncia intento de aplicar “minería verde” en el país

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Los resultados electorales del 4 de marzo han dado un giro en la correlación de fuerzas en favor de la derecha partidaria y, en consecuencia, la circulación “casi inmediata” de contenidos sobre la minería verde, lo que ha causado preocupación entre las organizaciones sociales.

El pasado 29 de marzo se cumplió el año de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, como resultado de una lucha de las comunidades y organizaciones sociales, ante la Asamblea Legislativa, que evitó que la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold, extrajera los yacimientos de metales preciosos en el municipio de San Isidro, Cabañas.

Asimismo, denunciaron la presencia de Frank Giustra, vinculado a Pacific Rim–Oceana Gold, que fue la minera que demandó al Estado por 284 millones de dólares, ante el CIADI, perdiendo la demanda y teniendo que devolver al Gobierno 8 millones de dólares por las costas procesales.

En esa visita, Frank Giustra junto al expresidente Bill Clinton y el magnate mexicano Carlos Slim se reunieron con Carlos Calleja, el precandidato del partido ARENA, y uno de los favoritos para ganar la candidatura de su partido para 2019.

La Mesa Nacional Frente a la Minería exigió a los partidos que integran la Asamblea Legislativa a respetar la integridad de la actual Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Así como al Gobierno la implementación efectiva de la nueva normativa.

Mientras, hizo un llamado también a todos los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, Comunidad Internacional y la población salvadoreña, a estar atentos a las actuaciones de la derecha dentro de la Asamblea Legislativa y rechazar enérgicamente cualquier intento por favorecer élites económicas en detrimento de los derechos humanos y fundamentales de las y los salvadoreños.

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