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@SilviaCoLatino
Saúl Baños, de FESPAD, junto a otras organizaciones que se aglutinan en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) presentaron una propuesta de “Decreto Ejecutivo” para suspender la concesión de explotación o exploración minera, que por ahora, otorga la Unidad de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía.
“Hicimos análisis jurídico de la inconveniencia que tiene para el país, de seguir aplicando la Ley de Minería vigente de 1995, y que lleva al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, al cumplimiento del mandato constitucional que tiene, pero no debe seguir otorgando licencias, ni concesiones por medio del Ministerio de Economía”, explicó.
La Ley de Minerías del país, reseñó Saúl Baños, fue aprobada un viernes 22 de diciembre de 1995, cuando la correlación de las fuerzas políticas eran del partido ARENA, que acompañado por el PDC y el PCN, decretaron la nueva normativa, sin escuchar las observaciones que hacían las organizaciones sociales del momento.
“Nosotros creemos que hasta esa ley tendría vicios de inconstitucionalidad, porque le otorgó esa facultad (dar licencias y concesiones) a una entidad administrativa como la Unidad de Minas e Hidrocarburos, cuando el artículo 120 de la Constitución de la República establece que el otorgamiento de concesiones es propio de la Asamblea Legislativa”, indicó.
Por lo que no descartaron que pondrían un recurso de inconstitucionalidad contra la actual Ley de Minerías, por considerar que violenta la Carta Magna en cuanto a las responsabilidad de los órganos del Estado en materia de concesiones y licencias.
“Hemos acudido a jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en materia de telecomunicaciones en particular, de las frecuencias estableció que en materia de bienes públicos y la concesión de bienes públicos, debe ser la Asamblea Legislativa la que participe en el otorgamiento de tales permiso, en tal sentido consideramos que el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén debe tomar en consideración lo que planteó la Sala de lo Constitucional, estamos tratando de cerrar rendijas o portillos que cualquiera puede considerar que nuestro decreto Ejecutivo es inconstitucional, pero no lo es”, indicó.
Mientras, Héctor Berríos, de MNFM, reiteró el compromiso que adquirió el Presidente Salvador Sánchez Cerén con las comunidades siendo el vicepresidente y luego, que llegó a la primera magistratura del Ejecutivo, ponderando la importancia que tiene para su administración la población salvadoreña.
“Él ha expresado su respaldo y comprometido en la lucha por la defensa del agua y contra la explotación minera, entonces consideramos que es oportuno que se materialice esa voluntad política, a través de un Decreto Ejecutivo de suspensión de toda intención de las empresas mineras de insistir de sacar el mineral del país; y hacemos un llamado a todos los partidos políticos a sumarse a esta iniciativa y erradicar la minería del país. Y urgió a la empresa Pacific Rim salir del territorio nacional y pagar los 8 millones de dólares al Estado salvadoreña”, agregó.
Similar lectura fue la de Sandra Carolina Ascencio, representante de las comunidades destacando el trabajo realizado en el departamento de Cabañas y de Chalatenango, en este último donde los gobiernos locales ha emitido ordenanzas municipales contra la minería resultado de una consulta pública con las comunidades.
“Y no olvidemos además de las ordenanzas, la encuesta de la UCA que destacó que el 90% de la población no quiere minería en suelo salvadoreño, y no la queremos por sus impactos ambientales, el deterioro ambiental y la ruptura del tejido social que tenemos en las comunidades”, manifestó.
Por su parte, el Viceministro de Medio Ambiente Ángel Ibarra, en representación del Ejecutivo, recibió de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica la propuesta de Decreto Ejecutivo, quien reafirmó el compromiso del Presidente Salvador Sánchez Cerén, de contribuir al rescate y conservación del medio ambiente.
“Aquí, el obstáculo principal ha sido en la Asamblea Legislativa en la cual, no habido una correlación política favorable con los intereses de la población y país, es más, las propuestas de ley que se presentaron algunas de ellas habían sido elaboradas en los bufetes de abogados de las empresas mineras. Nosotros esperamos que junto a la resistencia de la lucha de la población, pero principalmente de los pobladores de Cabañas y Chalatenango que son los principales amenazados por la industria minera metálica y con el reciente dictamen de CIADI que favoreció al país, se de un ambiente favorable en la Asamblea Legislativa de tal manera, se pueda legislar desde los intereses nacionales el tema de la minería”, puntualizó.
