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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Vidalina Morales, activista y del liderazgo femenino de Santa Marta, Cabañas, recordó que la aprobación de una Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue fruto de la lucha social organizada de las comunidades y organizaciones que se sumaron al esfuerzo por el respeto a los derechos humanos de la población afectada y el resguardo del medio ambiente.
“Fueron doce años de lucha que realizaron comunidades afectadas por las actividades de exploración y explotación de oro y plata realizadas por las transnacionales que no asumieron ninguna responsabilidad con los impactos negativos ocasionados en los departamentos de la zona norte del país. Esto marcó un hecho histórico con la aprobación de la ley el 29 de marzo de 2017”, reseñó.
Las incursiones de las transnacionales de metales preciosos en los territorios en los departamentos de Cabañas y Chalatenango propiciaron un contexto de lucha y resistencia comunitaria que creció con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, quienes conformaron la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) el año 2005.
“Ahora, a cuatro años de aprobada la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, esta no se ha implementado y ni los cierres técnicos de las minas abandonadas reportadas por el Ministerio de Economía, que están en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tampoco ha dado lineamientos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por actividades de exploración y explotación que desde el año 2019, según la ley, tendrían que estar cerradas adecuadamente”, reiteró Morales.
“Es la industria más contaminante”, señaló Luis González, del Equipo Técnico de la UNES, al explicar que las condiciones ambientales en el territorio nacional se agravan por la reincidencia en crisis de agua, el impacto del cambio climático, los riesgos a desastre y las minas abandonadas en el oriente y al norte del país, que pertenecen a las empresas Comerse Group (estadounidense) y Pacific Rim/Oceana Gold (canadiense).
Asimismo, explicó que del contenido de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, el Gobierno aún mantiene tres elementos inconclusos de los yacimientos abandonados como el Cierre Técnico de Minas, el Resarcimiento Ambiental y la Reconversión Económica de la minería artesanal.
“La reconversión económica de las personas que realizan minería artesanal (güiriceros) no andaría en más de 400 personas en ese rubro, pero aclaremos, son trabajadores, porque los que se llevan todo son dos familias que tienen este negocio, entonces, se debe buscar en agricultura, comercio y otras actividades que pueda apoyar el Estado y específicamente el Gobierno para que ellos tengan una vida digna”, agregó.
Sobre el cierre técnico y el resarcimiento ambiental, González señaló que la estrategia debería enfocarse en remediar los ríos contaminados y biodiversidad del entorno ambiental a las comunidades. Y para que esto se haga de manera integral debe existir un cierre técnico de estas minas, a partir de la contaminación que han dejado en el territorio.
“Se deben tomar todas las medidas para que una mina no siga contaminando que tiene que ver con el cierre técnico. Y luego, ver las medidas de reparación que puede ser reforestación o llevarle a la comunidad agua potable desde otro territorio, compensar si les falta agricultura todo esto debe ser de manera paralela, aunque estos dos elementos son los principales a retomar de inmediato ¿por qué?, porque allí se ven los verdaderos impactos de esta industria y debe cumplir el Estado”, manifestó.
Saúl Baños -director Ejecutivo de FESPAD- ponderó el logro de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que consideró un hecho sin precedentes a nivel mundial por su avance en materia de protección del medio ambiente y las comunidades en el territorio nacional, aunque lamentó la aprobación tardía del reglamento de esta normativa jurídica que permite la aplicación de ley.
Baños agregó: “En este año como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica hicimos una solicitud al MARN sobre las medidas de remediación y la incorporación de este rubro en el Presupuesto de 2021. Y nos respondieron que hay $44,200.00 para estas obligaciones que son insuficientes para todo el trabajo que debe realizarse. Y es por esto que creemos importante que el Gobierno retome nuestro estudio científico para desarrollarlo en el cierre de las minas y no comiencen de cero”.
El estudio propuesto por la MNFM fue realizado por Dina Larios, experta en geoquímica y catedrática de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, quien presentó el estudio “El Cierre y Remediación de las Minas Abandonadas en El Salvador”, en agosto de 2019. Que le permitiría al Gobierno, con un marco de medidas, el cierre de estos yacimientos abandonados, la extensión de suelos contaminados, investigación de contaminación de sedimentos, el daño a invertebrados y la elaboración de mapas a detalle para referenciar las medidas de protección a la contaminación.
Las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, en un manifiesto expresaron su preocupación por el manejo del tema ambiental en el país, al considerar que al existir cierto nivel de “flexibilidad” en la entrega de permisos ambientales exponen a comunidades y su medio ambiente. Y por tanto, exigen elevar la ley de prohibición de la minería al rango constitucional.
“La comisión ad hoc del vicepresidente ha planteado que está haciendo consultas con varios sectores, y nosotros como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica no hemos sido convocados y otros colectivos más amplios. Creemos que la institucionalidad pública está en la obligación de manera oficiosa de conocer lo que está trabajando la comisión ad-hoc, por supuesto, que podíamos presentar esta petición a esta comisión pero lo presentamos a la Asamblea Legislativa, para que puedan reformar la Constitución de la república y dar reglamentación a la prohibición de la minería metálica”, reiteró Saúl Baños.
En cuanto al objetivo principal de la ley que prohíbe la minería metálica, David Pereira, de CEICOM, opinó que está el de garantizar a la población salvadoreña, una buena salud, calidad de agua y un medio ambiente sano, pero eso no los aleja de cualquier vulneración afuera de las fronteras nacionales.
“Hay una situación grave que se está dando en los países vecinos, estamos hablando de minas de impacto transfronterizo en las cuencas del río Lempa, río Paz, río Goascorán y del Golfo de Fonseca. Porque en los territorios de Honduras y Guatemala hay proyectos mineros de exploración o explotación de oro y plata; que son atentados contra el agua que corre a nuestro país. Hemos insistido y gestionado ante las tres cancillerías salvadoreña, hondureña y guatemalteca, así también el SICA y PARLACEN, para abordarlo y existe una propuesta de tratado de aguas transfronterizas”.
“Creemos oportuno con los diputados que tomarán posesión el 1o de mayo, poner en sus agendas de trabajo e incidir tanto en la Cancillería salvadoreña, Parlamento Centroamericano y SICA, para abordar esta temática y tomar un acuerdo en común sobre aguas transfronterizas”, puntualizó Pereira.
