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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Hemos sistematizado la lucha que se libró contra la minería metálica que fue larga y de mucha intensidad que generó problemáticas y muertes, pero que terminó con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país”, recordó Luis González, activista y jurídico de la UNES.
En el marco del cuarto aniversario de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país, las organizaciones que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFM) presentaron el documento “Sistematización de la Lucha Anti Minera en El Salvador”, como un aporte a las comunidades que demandan sus derechos sociales en diversos territorios del país.
Como un Estado de Derecho, González reiteró que la falta de cierres técnicos de las minas, la reconversión económica de los mineros artesanales y otras demandas que aún no han sido garantizadas, deben ser retomadas por la población hasta su cumplimiento en su totalidad.
“Queremos socializar estos aspectos de la lucha social, que llevamos como Mesa Frente a la Minería que también puede servir de ejemplo a las luchas que se están llevando actualmente en el ámbito ambiental y social, para que retomen y puedan seguir incidiendo para resolver y transformar la realidad de El Salvador. Exhortamos a todas las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, ambiental, religiosos a seguir las acciones encaminadas a proteger a la población y hacemos un llamado a las autoridades para hacer cumplir la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país”, manifestó.
Este movimiento social nació hace 16 año atrás, con el objetivo primordial de evitar el avance de empresas trasnacionales como Pacific Rim/Oceana Gold, que buscaban extraer metales preciosos del subsuelo salvadoreño y que trajo como consecuencias tensión y rompimiento del tejido social, y una demanda millonaria que ganó el Estado salvadoreño en el tribunal de arbitraje en el CIADI, en octubre de 2016.
“Esto representa la lucha de las comunidades en Chalatenango y Cabañas, para enfrentar las amenazas que significaban las empresas de la minería metálica, una lucha que tuvo que enfrentar momentos de amenazas, de asesinatos y las demandas internacionales; pero, todo esto de alguna manera nos fortaleció y hemos permanecido articulados desde las comunidades, organizaciones como la Mesa que vamos a cumplir 16 años de trabajo colectivo contra la minería metálica y es un logro innegable”, narró Vidalina Morales, de ADES Santa Marta.
En cuanto a los retos y desafíos que presenta a los movimientos sociales, la minería transfronteriza, David Pereira manifestó que El Salvador es un país de “aguas abajo” y que se encuentra expuesto a las vulneraciones que tengan en la parte alta de las cuencas, al referirse a los proyectos mineros que se encuentran en Guatemala y Honduras.
“Estoy hablando del río Lempa, Goascorán, Torola y el lago de Güija, que nos convierte en un país agua-dependiente y esos proyectos mineros son graves amenazas a los derechos humanos fundamentales que no solo violentan a esos países sino a la población salvadoreña. Estoy hablando de derechos fundamentales como la vida, salud, agua y ambiente sano. Porque esto a un futuro no muy lejano puede generar graves conflictos entre las comunidades y los Estados en el cumplimiento y garantías de esos derechos humanos”, sostuvo.
Saúl Baños -director ejecutivo de FESPAD- manifestó que ahora que el órgano Ejecutivo cuenta con una correlación a favor en la nueva Asamblea Legislativa y la posibilidad de cambiar el “andamiaje jurídico del país”, que incluso existe el lineamiento de reformas constitucionales, se puede vaticinar la línea que pueden impulsar a partir del 1o de mayo, debe ser un punto de inflexión para la sociedad civil organizada en defensa del Estado de Derecho.
“Ahora, desde el 1o de mayo tiene dos caminos: respetar y cumplir la Constitución de la República, garantizando los derechos que están contenidos en ella o puede irrespetarla, ignorar las resoluciones judiciales y seguir con acciones autoritarias y la población se dará cuenta que las promesas que se le hicieron no se van a cumplir”.
“Y serán grandes retos y desafíos para el Ejecutivo y también para la Asamblea Legislativa, porque hay muchas demandas sociales, existe una política de recaudación fiscal deficitaria unida a la elusión y evasión fiscal con grandes incentivos a grupos empresariales que se han estado beneficiando históricamente del Estado y una política fiscal regresiva, el Gobierno no tendrá los recursos financieros suficientes para satisfacer las necesidades de la población”, argumentó Baños.
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