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@SilviaCoLatiino
En “Alerta Permanente” se mantienen, por ahora, las organizaciones que aglutinan la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM), ante la impuntualidad del pago de ocho millones de dólares que debe cancelar Oceana Gold/Pacific Rim, al Estado salvadoreño, luego de vencer a la minera transnacional en el CIADI, el pasado 14 de octubre del presente año.
“Este próximo 14 de diciembre estamos por cumplir 2 meses de ese laudo arbitral; y como Mesa de la Minería creemos que con esta sentencia se plantea un nuevo escenario para tomar decisiones políticas, jurídicas y sociales en torno a la minería metálica”, dijo Saúl Baños, de FESPAD.
No obstante, lamentaron que la empresa minera lejos de acatar el fallo del CIADI lo ha desobedecido, y sus abogados han reiterado que se tomarán 120 días, para evaluar si retoman el caso para una contrademanda o pagan los ocho millones de dólares de multa.
“Ante esta postura, nosotros consideramos que la empresa Oceana Gold/Pacific Rim debe pagar los 8 millones de dólares, más los intereses que se puedan derivar de ese impago mientras no se cancela la deuda como lo mandó el CIADI. Y nos sorprende que la empresa se comporte como que ellos ganaron el caso y ha arremetido en una campaña promocional de la minería y que las publican en dos periódicos de mayor circulación, donde siguen engañando a la población salvadoreña con su mentira de minería responsable”, acotó Baños.
Luis González, de la UNES, retó a los personeros de la empresa minera a sostener un debate público sobre los conceptos de la minería verde o responsable que ellos defienden, así como la discusión sobre la contaminación con metales pesados del agua, tierra y aire, en las zonas mineras, que son inviables para el ser humano.
“Esta empresa tiene una impunidad ambiental y se ha dedicado a vender la idea que la minería industrial no produce impactos ambientales, lo que es un engaño tenemos estudios que el primer impacto lo recibe el recurso agua, ya que utilizan 900 mil galones de agua, o sea 10.5 litros por segundo, en un país con crisis hídrica y densidad poblacional (300 personas por km2) y esta agua la devuelve altamente contaminada con metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio”, explicó.
Asimismo, Sandra Carolina Ascencio, de JPIC, exigió la dignificación a la memoria de los ambientalistas asesinados y la población que residen en las zonas donde se encuentran los proyectos mineros, por lo que invitó a Oceana Gold/Pacific Rim, a pagar la multa impuesta y salir del país.
“En este mes de diciembre vamos a conmemorar a los ambientalistas que fallecieron en el año 2009 por el tema de la minería y queremos recuperar el tejido social que rompieron en las comunidades. No podemos seguir jugando con la dignidad de las personas. Desde la Iglesia Católica el Arzobispo Luis Escobar ha solicitado reiteradamente mejorar los aspectos de una mejor vida para la gente y comienza con la prohibición de la minería en el país, desde un marco regulatorio que apruebe la Asamblea Legislativa, no hay excusa tenemos anteproyectos de Ley de Minería bastante bien documentados”, sugirió.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica demandó del Ejecutivo un decreto transitorio de prohibición de la minería para evitar nuevos permisos o concesiones de otras empresas mineras en el país así como, al Fiscal de la República, Douglas Meléndez, a cumplir con su mandato legal y recuperar los 8 millones de dólares que adeuda OceanaGold/PacificRim a El Salvador.
