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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Debido a la existencia de proyectos mineros en Guatemala, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador (MNFM) propone la necesidad de un tratado de aguas transfronterizas, para evitar poner en riesgo el lago de Güija y el río Lempa.
Rodolfo Calles representante de la MNSF señaló, que de ejecutarse los proyectos mineros en la frontera de Guatemala tal cual están diseñados, contaminará el río Lempa, que es el mayor afluente de agua en el país; por lo cual es importante negociar un tratado binacional para proteger las aguas.
“Este río es como la columna vertebral del país porque genera energía, ayuda a la parte agro productiva, turismo y agua potable; en ningún momento debería permitirse que ese río sea más contaminado de lo que ya está”, afirmó Calles.
Asimismo, dijo que no existen avances en la implementación de la ley que prohíba la minería, pese a que fue aprobada hace poco más de dos años por la Asamblea Legislativa y aún se continúa explorando y explotando de manera artesanal en algunas zonas del país.
Indicó que desde hace cuatro meses está prohibida la minería artesanal, según el artículo 2 de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica; sin embargo, esa disposición legal no se está cumpliendo y en El Salvador se continúa haciendo minera ilegal; por lo cual es necesario un cierre técnico y que el Estado busque los medios para que estas personas se dediquen a otra actividad.
Fernando Belloso presidente de CRIPDES explicó que presentaron a la titular del Ministerio de Economía María Luisa Hayem, una carta donde solicitaron se diseñe un plan de remediación ambiental, que incluya los cierres técnicos de las minas de manera adecuada y los procesos de resarcir los daños al medio ambiente.
Para esto es necesario que el nuevo gobierno a través de los ministerios de Medio Ambiente y Economía, asigne un refuerzo presupuestario para cumplir con lo ordenado en la Ley de Prohibición de Minería Metálica.
Según Belloso son al menos quince sitios los que se deben atender y a los cuales se les denomina “pasivos mineros”, comunidades de los municipios afectados a quienes el Estado está en la obligación de devolver un ambiente sano y se desarrollen procesos adecuados para los cierres técnicos de minas.
