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@SilviaCoLatino
“Pedimos al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que sancione de manera inmediata, la ley que prohíbe la minería en el país, tal cual está, para que entre en vigencia la normativa jurídica”, manifestó Saúl Baños, de FESPAD, y quien integra la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
Representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, expresaron su júbilo por la aprobación del nuevo marco jurídico que prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento de la minería metálica; ya sean minas de cielo abierto o subterráneo y uso de químicos tóxicos como cianuro o mercurio.
“Entendemos que será el Ministerio de Economía el que debe hacer cumplirla, por la nueva reglamentación y consideramos que deberá ser el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones, las que tendrán que estar relacionados en el tema medio ambiente”, agregó.
En cuanto a los 8 millones de dólares que adeuda al Estado salvadoreño, Oceana Gold, Baños expresó que la demanda de pago más intereses se rigen bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) que tiene canales e instituciones. Y la contraparte en el país, es la Fiscalía General de la República (FGR) que por mandato constitucional esta obligada a velar por los intereses del Estado y particulares para seguir un mecanismo de cobro.
“Aquí, se necesita una intervención directa del despacho del abogado Luis Parada, en Estados Unidos, quien nos manifestó que los intereses en verdad son bajos, una cifra del 2% en término anual, que podría considerarse poco en relación a los 8 millones de dólares, que es una cantidad que puede ir creciendo en la medida que la empresa no pague. Ya transcurrieron 6 meses y comienza a contar desde el 14 de octubre del año pasado”, explicó.
Sobre los nuevos reglamentos que darán vida a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país, el jurista señaló que es una tarea del Órgano Ejecutivo, al que invitó a agilizarlo para contar con la efectividad de la ley.
“Se debe reglamentar y no solo uno, sino todos los reglamentos que sean necesarios para operativizar la ley, además, el Estado debe observar la responsabilidad de la empresas mineras por los pasivos ambientales, es decir, por los daños ya existentes como el río San Sebastián (La Unión) para que se les exija el resarcimiento a las empresas que han causado daños ambientales y si las empresas no pagan, que sea el Estado el que debe pagar a las comunidades”, comentó.
Asimismo, consideró que debe exigirse a la empresa Oceana Gold a retirarse del territorio nacional, porque prácticamente con la entrada en vigencia de la ley no tendría razón de tener existencia legal, así como el “brazo social” de transnacional minera la Fundación El Dorado en la comunidad de San Isidro, Cabañas.
“Como organizaciones sociales en la Mesa Frente a la Minería Metálica vamos a estar pendientes y verificaremos la reglamentación, porque es una ley bastante técnica, donde debe hacerse una especie de intermediación pedagógica y dar a conocer a las personas el impacto que esta ley tendrá en su vida comunitaria, salud y medio ambiente y estaremos también vigilantes al cumplimiento de la misma. Nosotros seguiremos con nuestro trabajo de sensibilización y el trabajo organizativo para dar contraloría social al cumplimiento de esta ley”, apuntó.
