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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Movimiento de Oenegés para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES) y la Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador pidieron el sobreseimiento definitivo de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, detenidos desde el 11 de enero de 2023 por un supuesto delito de homicidio cometido en 1989 durante la guerra civil.
El Movimiento de Oenegés exigió sobreseimiento y cierre definitivo de la acción penal, tras considerar que “no hay pruebas reales de la existencia de los delitos ni de la participación de los imputados en su cometimiento”.
Justamente, diferentes organizaciones sociales han reiterado que el ministerio público fiscal no tiene suficiente validez en las presuntas pruebas para que el juez dictamine una condena.
En ese sentido, MODES señaló que “se asume que el caso es una manipulación del sistema judicial para perseguir a defensores ambientales y anular o debilitar la resistencia anti-minera, dadas las intenciones gubernamentales de reactivar esta nociva industria extractiva, a pesar de estar prohibida por ley”.
Los líderes ambientalistas procesados son: Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez, además de Fidel Recinos (Raúl Hércules), ellos son acusados por el supuesto cometimiento de un delito en 1989. Los líderes comunales fueron esenciales para la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador.
MODES también señaló que “la acusación penal es improcedente debido a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992 y puesta en vigencia nuevamente por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 cuando derogó la Ley de Amnistía”.
El movimiento indicó que “el Estado salvadoreño debe cumplir con lo que establece la -Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos de 1998 de la ONU- … ´que los Estados deben proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras por la labor que realizan´… para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos”.
El pasado 23 de agosto, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque concedió arresto domiciliario como medida sustitutiva a la detención provisional para los líderes comunitarios de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
Pero fue hasta la madrugada del martes 5 de septiembre que los líderes comunitarios regresaron a sus viviendas, luego de 8 meses y días de prisión provisional. La defensa técnica también ha pedido el sobreseimiento definitivo.
También, la Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador se dirigió al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, “con gran preocupación y urgencia para expresar nuestra profunda inquietud sobre el caso judicial contra los dirigentes comunitarios de Santa Marta que actualmente continúan bajo arresto en sus domicilios. A causa de las condiciones que sufrieron durante los ocho meses que permanecieron en prisión, su salud ha sido severamente afectada y requieren atención especial para recuperarse”.
“Valoramos profundamente el papel esencial que los dirigentes de ADES Santa Marta han desempeñado como ciudadanos defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, y reconocemos su valentía y dedicación en la lucha contra la degradación de los ecosistemas que provocaría la explotación minera en El Salvador”, comentó la Red.
Para la organización “el deber es subrayar que el caso judicial contra los dirigentes comunitarios es insostenible. Las acusaciones carecen de fundamento y en aras de la justicia y la equidad, se debe proceder con la nulidad del proceso”.
En ese sentido, instó a las autoridades correspondientes a considerar la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por los abogados defensores. “Esta conclusión es esencial para restablecer la justicia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos dirigentes comunitarios, quienes han dedicado sus vidas a servir a su comunidad y a defender los intereses de los sectores populares”
Pidieron, además, la libertad total para los líderes comunitarios de Santa Marta “es un imperativo moral y legal que reflejará el compromiso de nuestra sociedad con la verdad, la equidad y la justicia”, concluyó.
