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Mónica Rodríguez, secretaria de correspondencia de APES, y Angélica Cárcamo, relatora de libertad de expresión de esta asociación, en el conservatorio realizado en la UES: “Situación Actual de Las Mujeres Periodistas de El Salvador”. Foto Diario Colatino/Alex Henríquez.

Mónica Rodríguez, secretaria de correspondencia de APES, y Angélica Cárcamo, relatora de libertad de expresión de esta asociación, en el conservatorio realizado en la UES: “Situación Actual de Las Mujeres Periodistas de El Salvador”. Foto Diario Colatino/Alex Henríquez.

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Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la situación de las profesionales en periodismo reflejó que el 100% en cualquier momento de su trabajo cotidiano es víctima de acoso, situación que busca erradicar la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Para la APES, es necesario que las jefaturas de los medios de comunicación promuevan prácticas que erradiquen la exclusión de las mujeres periodistas y comunicadoras sociales en espacios de debate y análisis político.

La encuesta de la Procuraduría evidenció la exclusión de las mujeres en los espacios informativos asignados tradicionalmente a hombres, pese a que las periodistas y comunicadoras encuestadas reconocen que tienen las mismas capacidades para asumir espacios dominados por ellos.

Más allá del acoso, las condiciones también tienen que ver con el rango salarial.

En su mayoría el salario es menor, cuando son jóvenes o madres de familia. “No tienen un salario fijo o contrato, les pagan gastos de representación y honorarios que a lo mucho son $100. La precarización laboral es grave”, expresó Angélica Cárcamo, relatora de Libertad de Expresión de la APES.

Agregó que existe una doble revictimización por ser periodista y mujer. “La situación del trabajo periodístico de las mujeres en El Salvador es grave(…) Los que ejercen el tipo de violencia son los jefes y colegas de otros medios de comunicación”, manifestó.

Ante esta situación, la APES pidió a los empresarios, direcciones, coordinaciones, gerencias y áreas vinculadas a la coordinación de personal en medios de comunicación, implementar una política institucional de género que permita erradicar prácticas de violencia contra las mujeres.

Y a la academia, incluir en la currícula académica lo relativo a la normativa nacional de género, para así fortalecer las capacidades de las estudiantes y prevenir la violencia hacia las mujeres.

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