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Orlando de Sola W.
El estado y el mercado, como la política y la economía, son órdenes y disciplinas sociales que a veces se consideran contrarias, o incompatibles. Debemos reconocer, sin embargo, que además de las religiones, son los principales sistemas de organización social para orientar nuestras vidas, desde que comienzan hasta que terminan, aunque no lo comprendamos.
Ambos órdenes surgen de nuestro instinto de convivencia y conservación, que nos obliga a reproducirnos, cuidar nuestras vidas y evitar el caos, o desorden. Existe, sin embargo, esa tendencia que los pone como contrarios, como si uno fuera bueno y el otro el malo. Pero no es así, porque el estado y el mercado son complementarios, no contrarios. Uno refleja nuestra tendencia natural al trueque, o intercambio, mientras que el otro refleja nuestra necesidad de buen gobierno, la cual tratamos de satisfacer en la política.
El altruismo y el egoísmo se utilizan para elogiar y descalificar el estado y el mercado, como si la largueza y la codicia fuesen colectivas. Pero lo individual no siempre condiciona lo colectivo porque los vicios y virtudes, aunque afectan la comunidad, son individuales. Por eso inventamos sistemas de organización y establecemos gobiernos.
La violencia es uno de esos problemas que afectan la comunidad. Se concibe desde el estado porque desde allí juzgamos el poder y la fuerza, incluyendo nuestra voluntad individual, que es manifestación de nuestro poder y energía. Esta puede ser creativa, o destructiva, dependiendo de nuestra actitud, condición y situación.
Por eso la voluntad colectiva, que se expresa en el estado, condiciona con leyes la voluntad individual. Desde el estado calificamos lo que se considera legal, incluyendo el uso de la fuerza, que se vuelve violencia cuando no se ajusta y contradice las leyes generadas por el estado y su gobierno. Ese es el dilema de todo individuo que no acepta las normas legalmente establecidas: debe encarar el castigo y sufrimiento causados por la fuerza del estado.
El monopolio es un concepto económico que significa un solo vendedor, o proveedor de servicios, como seguridad pública para repeler amenazas internas y externas. Al aceptar esa fuerza, o violencia estatal, renunciamos al uso de nuestra propia fuerza, o voluntad, lo cual constituye otro dilema, porque con esa misma voluntad, que se expresa en el sufragio, delegamos poder en quienes deberán conducirnos por un periodo determinado, hasta que llegue el próximo mandatario, que no es el mandante, excepto por delegación. Delegamos parte de nuestra fuerza, o poder individual, para recibir orden, aunque a veces no resulta así por la violencia sistémica, cuyas raíces están en nuestras mentes y corazones y nuestra cultura.
Hay monopolios inevitables, como la construcción de carreteras, puertos, ferrocarriles, presas y otras obras que por su envergadura deben ser realizadas con dinero del pueblo. Pero el tamaño y carácter monopólico no los hace siempre útiles, especialmente cuando su diseño y rendimiento no han sido bien concebidos y supervisados, como en el agua, la banca, las ondas radioeléctricas, el mar territorial y el subsuelo, que son del estado, o sea del pueblo, porque están dentro de nuestro territorio.
El monopolio de la fuerza, que es el mas importante, puede convertirse en violencia cuando es dirigido con poca sabiduría. Puede violentar nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad, cuya defensa no se limita al cuerpo, pensamientos y sentimientos, sino a sus extensiones y consecuencias.
Los monopolios que asignamos al estado no sirven de mucho si no protegen esos derechos irrenunciables, aunque pretendan por encargo, no por convicción, desmantelar algunas organizaciones perniciosas, que no dejan de serlo porque las combaten con otro mal.
Lo que El Salvador necesita es bondad, misericordia y comprensión, no soberbia, envidia y codicia, agravadas por la indiferencia de quienes no reconocen la miseria, el dolor y la enfermedad. Por eso Masferrer escribió en 1929, en el Mínimum Vital, sobre la necesidad de mejorar el techo, la mesa y el lecho de los de abajo, incluyendo los servicios públicos de seguridad, justicia, relaciones internacionales, salud y educación. Algunos de estos servicios públicos también pueden ser prestados por gobiernos municipales, que son mucho más cercanos al poder del pueblo, o democracia, que el gobierno central.
