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@arpassv
Tras varios meses anunciando que tenía lista una resolución contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, try la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió finalmente una sentencia superficial e insuficiente.
De los veintiún argumentos de inconstitucionalidad –contenidos en las cuatro demandas acumuladas en un mismo proceso– la Sala sólo aceptó dos, sildenafil rechazó seis y desestimó trece. Así, purchase la sentencia de inconstitucionalidad deja casi intacto el nocivo acuerdo comercial con la potencia del Norte.
Los magistrados únicamente establecieron la inconstitucionalidad de las disposiciones del tratado comercial que quitaban a la Asamblea Legislativa la facultad de ratificar ciertos convenios internacionales y derogar algunas leyes secundarias.
La Sala declaró constitucionales los tenebrosos principios de expropiación indirecta y trato nacional a empresas extranjeras. También avaló las perjudiciales disposiciones sobre compras gubernamentales, solución de controversias y otras que condicionan las políticas públicas, vulneran la soberanía nacional y menoscaban la autodeterminación del país.
“La montaña parió un ratón”, es la frase que mejor define al fallo de inconstitucionalidad que no cumple la expectativa de los demandantes y es inconsecuente con los intereses nacionales.
Y ojalá la timorata sentencia sobre el tratado de libre comercio no sea un anuncio de resoluciones similares sobre la antidemocrática Ley de Telecomunicaciones, la ominosa Ley de Amnistía y otras normativas impugnadas a través de sendas demandas de inconstitucionalidad.
Por eso las organizaciones ciudadanas deben reclamar a la Sala y denunciar que en temas trascendentales no resuelve o emite sentencias que no tocan aspectos estructurales.
La celeridad y contundencia en temas electorales –por ejemplo– desaparecen cuando las demandas cuestionan la estructura tributaria regresiva, el modelo económico neoliberal, el sistema mediático excluyente o la galopante impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.
Por tanto, todos los sectores democráticos del país deben movilizarse para exigir a los magistrados de la Sala que hagan valer los principios constitucionales y que sus sentencias no respondan a intereses oligárquicos o de potencias extranjeras, sino a los genuinos intereses colectivos y de país.
