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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Con una votación unánime, la Audiencia Nacional de España señaló al exviceministro de Seguridad, coronel retirado, Inocente Orlando Montano Morales, “como responsable en el concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista”, en el caso Jesuitas, sentenciándolo a una condena de 26 años, 8 meses y 1 día, por cada una de las víctimas, sumando 133 años y cuatro meses de cárcel. No obstante, los magistrados señalaron que su reclusión no podrá exceder de los 30 años, a partir de 2020.
Con 77 años de edad, el exmilitar que integra la “Tandona”, escuchó su sentencia, mientras movía algunos papeles en el escritorio asignado en la sala judicial. Durante el proceso trató de desvincularse o negó tener poder al interior del Alto Mando Militar.
“La inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena que comprenderá la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviera el penado y la capacidad para obtenerlos en el tiempo de la condena”, dijo Fernando Adreu en la lectura de la sentencia.
Asimismo, “la privación del derecho a elegir o ser elegido a cargos públicos con la expresa reserva de las sanciones civiles a los perjudicados, así como el pago de las costas procesales, incluida la de las acusaciones particular y popular”.
Los magistrados consideraron que Montano es autor y responsable del asesinato de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. Así también, del jesuita salvadoreño, Joaquín López y López y las empleadas Elba y Celina Ramos, quiened fueron ejecutadas junto a los jesuitas, aclarando que no pudieron condenarle por estos últimos, “al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes”.
En la sentencia destaca la “creación de la Tandona”, promoción militar de 1966, a la que pertenece Montano, que en su apogeo ostentó poder político en el marco del conflicto armado entre las décadas de los años setenta y ochenta, identificando a Montano dentro del círculo íntimo de poder que se denominaba “los compadres”.
La sentencia logró, además, desnudar el “terrorismo de Estado”, práctica común en esa época, señalaron que la comisión de estos asesinatos contó con la complicidad de los aparatos del Estado, en donde determinados grupos de poder tomaron las decisiones de “crear terror en la población y alterar gravemente la paz pública y a perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructura de poder de El Salvador” (parte de la sentencia).
Otro de los datos relevantes de la resolución de los magistrados es la identificación de este grupo de la Tandona y el expresidente Alfredo Cristiani, durante el conflicto armado. Así como otros altos cargos.
“La Sala considera acreditado que en los hechos ha participado un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en El Salvador y compuesto por el propio presidente de la República utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz. Después del examen de las pruebas practicadas el tribunal llega al convencimiento de que los 8 asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando Montano Morales, en su condición de viceministro de la Seguridad Pública”, señala.
En el país, las reacciones ante la sentencia coparon las redes sociales, colectivos de derechos humanos que acompañan a las víctimas del conflicto armado reaccionaron a favor, señalando este proceso judicial como una “esperanza” para la justicia en el país.
Saúl Baños (FESPAD) expresó que este viernes 11 de septiembre era muy significativo en materia de justicia para El Salvador, ante la sentencia de la Audiencia Nacional de España, en el caso Jesuitas que por más de 30 años estuvo envuelto en la impunidad de poderes políticos y militares.
“También será una fecha importante el 21 de septiembre, cuando se inicie las inspecciones judiciales en archivos militares históricos relacionados a la Masacre de El Mozote y lugares aledaños. Son las víctimas, su dignidad y su derecho, quienes nos marcan el rumbo para tomar conciencia y promover la Memoria Histórica, definitivamente se ha hecho justicia en España, pero falta que se haga en El Salvador”, dijo Baños.
Asimismo, consideró que la sentencia era parcial, porque en el banquillo de los acusados no fueron procesados otros autores materiales e intelectuales que sin estar presentes la condena también les incluye por complicidad.
“Es un claro mensaje para las autoridades salvadoreñas, pues acá sigue imperando la impunidad, es un mensaje para la Fiscalía General de la República, un mensaje para el Sistema Judicial y para el órgano Ejecutivo, para que nuevamente sepan que sí es posible juzgar a criminales del conflicto armado”, acotó.
Mientras, David Morales, director de Litigios Estratégicos de CRISTOSAL, afirmó que la sentencia contra el excoronel Orlando Montano, por el asesinato de los sacerdotes Jesuitas, así como de Elba y Celina Ramos, marca un hito en la justicia en “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra”, en El Salvador, porque siempre ha sido negada a las víctimas, familiares o sobrevivientes de estos hechos de alta vulneración a los derechos humanos.
“Es la primera vez que estos crímenes del conflicto son tratados en un proceso penal hasta llegar a una condena. Tuvimos juicios importantes entre civiles y migratorios en los Estados Unidos, que llegaron a los actores intelectuales de estos crímenes. Y, ahora, condenan a uno de estos autores intelectuales”, afirmó.
En cuanto a las víctimas y la justicia en el país, Morales agregó: “me parece un signo de esperanza para las víctimas y sus representantes que por décadas han luchado por el acceso a la justicia. Es un claro mensaje al Sistema Judicial, el órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, porque los responsables de este asesinato han sido protegidos por el poder judicial, tribunales y Fiscalía, excluyendo a las víctimas del acceso a la justicia”, reiteró.
Eduardo García, director de Probúsqueda, es contundente al afirmar que la condena de Montano, en España, tiene varios significados; entre ellos, la aplicación de la justicia, en un caso que llevaba tres décadas en impunidad. Y, lo más importante, que el condenado no pertenecía al grupo de quienes cometieron el crimen, sino de quienes lo planificaron y ordenaron.
“Esto es una devolución de la verdad a las víctimas. Es un acto de reparación en sí mismo para las víctimas en general y esperanza que personas -intocables en su momento-, un jefe de la policía, del Estado Mayor, ya no es intocable, y en manos de una justicia valorada como imparcial en la que no gozan de esos argumentos, que pobrecito que es mayor de edad y no implica un riesgo para la sociedad o está enfermo, no son válidos y la justicia es imparcial y se aplica”, indicó García.
