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El ministro de Obras Públicas Eliud Ayala y el director de FOMILENIO II William Pleites explicaron que los Asocios Público Privados (APP), enmarcados en la reforma al artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobadas recientemente en la Asamblea Legislativa, no son una privatización, ya que el Estado conserva la propiedad sobre el activo.
La reforma al artículo 26 permitirá a los APP iluminar e instalar cámaras de videovigilancia en 140 kilómetros de carretera. Con este proyecto se reducirá el número de accidentes viales y mejorará la seguridad ciudadana con el acompañamiento de estrategias preventivas.
Las municipalidades siempre recibirán ingresos derivados de la colocación de publicidad en zonas debidamente autorizadas.
La reforma habilitó el inicio de un proceso y actualmente el proyecto de videovigilancia se encuentra en la etapa siguiente.
En los próximos días PROESA enviará al Ministerio de Hacienda los estudios técnicos para que establezca si es un buen negocio para el país, luego tiene 45 días para emitir dictamen. En agosto de 2018 se estructurará el proyecto, para ello se harán consultas al sector empresarial y alcaldes, y el próximo mes de noviembre se lanzará la licitación a nivel nacional e internacional, mientras que en marzo de 2019 se estaría adjudicando.
Bajo la modalidad de los APP, se planea la ejecución de 5 proyectos entre los que está el saneamiento de aguas residuales del Gran San Salvador, construcción de un sistema de transporte moderno que movilice de manera segura a miles de personas.
Además, la creación de un nuevo Centro de Gobierno más funcional, la renovación y edificación de centros escolares, conectados con recursos para el estudio de las ciencias y las artes, y la construcción y equipamiento de centros hospitalarios con tecnología de punta.
Se estima que 30 mil empleos podrían generarse con estos proyectos en el desarrollo del próximo quinquenio, además, pueden atraer una inversión de entre los 1,000 y 2,000 millones de dólares.
