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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La violencia pandilleril azota a nuestro país desde el final del conflicto armado, cuando la derecha gobernante vio en la violencia que gestaba, una oportunidad de negocios privatizando la seguridad pública, en el marco de las medidas de ajuste implementadas para anular al estado; desde entonces son un mal endémico que se alimenta del modelo económico.
Ahora, nutridos estos grupos marginales de hijos e hijas de hogares desintegrados, familias disfuncionales, menores abandonados, enfrentan a un estado incapaz de asumir el desafío, pues carece de creatividad, y encuentra en la represión, la única respuesta, lo que de paso la vulgar clase política aprovecha promoviéndose como única solución al problema, siendo parte del problema.
Así las cosas, podemos intentar una explicación a lo ocurrido entre el viernes 25 y el miércoles 30 de marzo pasado, cuando supuestamente estas provocaron un baño de sangre atemorizando al país, movilizando al estado.
Intentemos entonces explicarlo.
La causa más probable es también la más obvia, pues al desplegar estos índices de violencia, el terrorismo doméstico le disputa al estado la gestión de la cosa pública, erigiéndose de facto como un para gobierno.
Sin embargo, esto se resolvería con una respuesta proporcionada y articulada de la fuerza pública y judicial, imponiéndose y recobrando para el estado el control territorial.
Otra posibilidad que explicaría este chantaje por violencia, es el reclamo que las pandillas hacen de la renta que del transporte público cobran, y que ahora al tomar el estado control de una sola de las rutas con hasta 300 unidades de transporte, ven reducida dramáticamente, por lo que los asesinatos serían el medio por el cual estas mafias demandan al estado la no intromisión en la recolección de estas, pues ya lo habrían pactado en las negociaciones que la FGR investigaba antes del autogolpe impulsada por la presente administración.
Una tercera explicación es quizás más siniestra y demanda que la abordemos con criterio amplio; para interpretarla proponemos un escenario especulativo: qué tal si los ochenta y tantos muertos no son sino un teatro, una puesta en escena, en la que cifra real no supera los 15 asesinatos [pues no hemos visto las decenas de caravanas mortuorias que supone tal cifra], misma que ha sido magnificada mediáticamente, en una campaña orientada a imponer mediante el temor, la narrativa de los asesinatos en cuestión para lograr un solo propósito, desviar la atención de la población de la incapacidad de la administración de brindar una respuesta coherente a la crisis que ya nos golpea.
Es decir, la idea última es recrear la figura del “enemigo interno”, y consecuentemente, la del líder mesiánico y heroico en la persona del ejecutivo.
Por supuesto estas son tesis, pero ancladas en la conducta de la presente administración.
Como sea, el hecho es que el estado salvadoreño responde a los intereses de élites, familias para el caso, que lo expolian, aliándose con quien sea por poder.
Incluso con el delito, al que siempre recurrieron.
Y lo evidente es que ahora es menos diferente que siempre.
